Durante la Segunda República la prensa libró una dura batalla por las ideas. Muchos periódicos eran órganos de expresión que respondían a intereses políticos bien definidos y los conflictos sociales que estallaron en aquel período proporcionaron uno de los principales motivos de la disputa mediática. El modo de contar los hechos dificulta el propósito del historiador por encontrar la versión más veraz, pero abre otras líneas de investigación sobre la capacidad de la prensa para interpretar los acontecimientos, modelar opiniones o representar los sucesos de una manera que conmueva y resuene en las experiencias y creencias de sus lectores. La narración de los conflictos sociales a través de la palabra de periodistas, colaboradores o políticos afines, ofrece la posibilidad de propagar ideas en grandes audiencias, orientar la opinión de los ciudadanos, conformar en los lectores diferentes imágenes colectivas sobre partidarios y oponentes e involucrar o movilizar a amplias bases sociales. El relato de los acontecimientos puede impregnarse de suficientes elementos interpretativos sobre el estado del orden público como para llegar a comprometer la estabilidad del gobierno o la propia supervivencia del régimen. Como señala Mayer N. Zald, la forma en la que se da la noticia descubre los significados que producen determinados conflictos y la impresión general que un ciudadano tiene sobre la realidad política y social del momento[1].

El objetivo de las siguientes páginas, por tanto, reside en analizar la forma en la que los periódicos del período republicano comunicaron algunos de los conflictos más graves y de mayor impacto mediático a la opinión pública. De este modo, se tratará de comprobar si los periódicos realizaron una interpretación activa de los sucesos, controlaron sus propios discursos, dirigieron la atención pública hacia agravios o peligros reconocidos por sus lectores y emplearon formas narrativas que resultasen conmovedoras y persuasivas. Para afrontar este objeto de estudio se van a intentar responder tres interrogantes. En primer lugar, ¿Es posible encontrar relatos opuestos, consistentes y reiterativos sobre los conflictos sociales? En segundo término, ¿Cómo era representado el adversario político en estos conflictos? Por último, ¿Cómo intentaron involucrar o incluso movilizar a sus lectores? El análisis de marcos (framing analysis, en inglés) suministra la herramienta metodológica para llevar a cabo este estudio. Los especialistas en el estudio de marcos consideran que los medios comunican los problemas sociales de un modo que permita mantener o ampliar el compromiso de sus audiencias y reforzar su identidad colectiva. El tratamiento político de los conflictos sociales, desde este enfoque, se encuentra complicado por la necesidad de la prensa de interpretar determinados acontecimientos de manera persuasiva y congruente con las creencias y valores culturales generalizados de sus lectores. En otras palabras, los periódicos enmarcan el mundo social de una manera que repercuta, atraiga la atención y empatía de las bases sociales que los sustentan. Por ello, el trabajo que aquí se propone podría ofrecer mayores evidencias sobre la construcción de los procesos de enmarcado en el período republicano[2].

La base empírica de este trabajo se ha buscado en una selección de periódicos de difusión nacional y distinto espectro ideológico. La prensa del período adolece de sesgos que deben tenerse en cuenta en una investigación: la propensión a cubrir las protestas más violentas, las geográficamente más cercanas a la sede del periódico o al lugar donde trabajaba algún corresponsal y las medidas de control político o censura que se ejercieron durante el régimen. Pese a todo, la prensa sigue siendo una de las fuentes más consistentes para estudiar los conflictos del período republicano. Los periódicos con los que se ha trabajado en este texto destacan por su continuidad durante períodos prolongados, la cobertura dedicada a los conflictos sociales y la reiteración con la que publicaban el mismo tipo de artículos para informar sobre los sucesos[3]. El ABC y La Época son los principales periódicos seleccionados para recoger los discursos conservadores y monárquicos de la prensa sobre los conflictos sociales. El Socialista ha sido el principal órgano consultado para contrastar los relatos anteriores con los del socialismo. También han sido recogidos otros órganos del anarquismo, el comunismo y ciertos sectores del socialismo, como Solidaridad Obrera, Mundo Obrero y Claridad, respectivamente. Por último, recogemos la opinión de algunos otros periódicos republicanos como Ahora o el Heraldo de Madrid, de manera que podamos acercarnos al amplio arco ideológico representado en la prensa. El texto dedica especial atención a algunos de los principales conflictos que se saldaron con víctimas mortales durante el denominado primer bienio, debido al interés mediático que suscitaron estos episodios y la mayor libertad informativa de los primeros años republicanos. La censura previa y la suspensión de algunos periódicos dificulta el análisis de las etapas posteriores, pero los ecos de la huelga revolucionaria del 1934 y el primer semestre de 1936 atraen de nuevo nuestra atención y ofrecen posibilidades de observar cambios o modulaciones en el tratamiento de los hechos.

Los periódicos solían llevar en sus páginas principales los episodios de protesta social más imponentes y violentos, siempre que se lo permitiesen las autoridades. Las noticias sobre alteraciones del orden público no se libraron de la vigilancia y el castigo de los diversos gobiernos republicanos. Estos emplearon diferentes medidas de presión y control político sobre la prensa más crítica con la gestión del gobierno o con el propio régimen. Multas, requisas de tiradas diarias o cierre de periódicos fueron habituales por publicar noticias que en consideración del gobierno podían propagar los desórdenes o alimentar una imagen caótica de la situación política. La Ley de Defensa de la República, aprobada por las Cortes en octubre de 1931, amparaba las sanciones gubernativas motivadas por la conveniencia política de acallar las voces críticas más mordaces o agresivas. La posterior Ley de Orden Público de 1933 aumentó las restricciones para informar sobre los conflictos sociales. Desde finales de ese mismo año, los constantes estados de excepción declarados en todo el país o en parte del territorio, y especialmente prolongados en Madrid, Barcelona y Asturias, sometieron a la prensa a un control más estrecho por parte de las autoridades. Medida que se afianzó con el estallido de la huelga general revolucionaria de octubre de 1934 y que mantuvieron los gobiernos del Frente Popular[4].

Los periódicos tuvieron que extremar precauciones para no despertar el celo de la autoridad gubernativa, pero no renunciaron a otorgar significados a los conflictos sociales. En palabras de Bert Klandermans y Sjoerd Goslinga, la prensa «no transmite la información sin transformarla»[5]. La disputa por interpretar los acontecimientos se detecta con mayor claridad en el primer bienio o durante los momentos posteriores en los que no intervino la censura previa. El análisis de algunos episodios concretos saca a la luz la publicación de relatos opuestos por los medios. Esto ya se puede comprobar en uno de los primeros enfrentamientos letales entre adversarios políticos que se produjo en la población granadina de Atarfe, el 16 de mayo de 1931. En este pueblo las autoridades republicanas formaron una partida de vecinos armados para interceptar a un grupo que había intentado prender fuego a un convento de una localidad cercana. El retén trató de detener un vehículo en el que viajaba el ingeniero jefe de la fábrica azucarera, su familia, el chófer y una criada, pero estos, sin hacer caso de las indicaciones, intentaron escapar a gran velocidad, disparando y arrollando a varios vecinos hasta que el auto, fuera de control, impactó contra un muro. El suceso se saldó con la muerte de dos jornaleros por disparos, la de otros tres atropellados y la de una de las ocupantes del coche debido al choque, la hija del ingeniero. Al menos otras ocho personas resultaron heridas. El suceso ocupó la atención de las crónicas periodísticas durante varios días, que llevaron la noticia al centro de la pugna mediática. El periódico monárquico La Época atribuía el incendio del convento a un grupo de individuos «seguramente comunistas», afirmaba que los vecinos que formaron el retén actuaron por iniciativa propia del alcalde republicano, que fueron ellos los que «hicieron varios disparos contra el vehículo» ante la negativa de éste a detenerse, que fue entonces cuando el ingeniero «contestó en la misma forma» y que lo hizo por confundir al alcalde y a los vecinos con los comunistas[6]. El Socialista, en cambio, publicaba una nota de un concejal de la población en la que dirigía todas las sospechas sobre la autoría del incendio a «agentes del terror monárquico» que pretendían que las llamas se propagasen a la fábrica de alcohol. Además, añadía que los vecinos actuaron para «prestar auxilio a las fuerzas militares», aseguraba que fueron los ocupantes del vehículo los que dispararon «a derecha e izquierda», que ni la Guardia Civil ni los paisanos dispararon «por temor a herir a quienes iban en defensa de la misma causa», y veía en la actuación del ingeniero una posible motivación política por ser afiliado al Partido Nacionalista Español[7].

El modo de contar los hechos en estos periódicos dificulta el propósito de identificar la versión menos teñida de intencionalidad política. En otro suceso como el de Corral de Almaguer (Toledo), el 22 de septiembre de 1931, se pueden identificar elementos de una narración mucho más articulada para otorgar un claro significado al conflicto. En esta población un enfrentamiento entre vecinos y autoridades se saldó con la muerte de cinco jornaleros y otros tantos heridos graves a manos de la Guardia Civil. La prensa conservadora identificaba una situación intolerable, señalaba a los responsables, justificaba actuaciones y daba voz a las que consideraba víctimas de lo ocurrido. El ABC alertaba en un titular que las «turbas» se habían hecho «dueñas del pueblo». La información ampliada en sus columnas durante varios días reproducía una secuencia de abusos cometidos mediante la coacción y la fuerza por los que denominaba «revoltosos», «turbas», «amotinados» o «grupos levantiscos». Al parecer, éstos habían agredido al fiscal, al juez municipal y al secretario del Ayuntamiento por tratar de impedir el mitin en el que se encontraban, habían obligado al alcalde a encarcelar a las tres autoridades, se habían hecho con el control de las calles armados de escopetas, habían impuesto la huelga a toda la población y habían recibido «a pedradas, y posteriormente con armas de fuego» a la Guardia Civil. El orden en el que se narraban los hechos, la información ofrecida y la omitida, pudo contribuir a justificar la severa actuación de la fuerza pública, que «ante esta actitud […] repelió la agresión» y seguidamente «se restableció la tranquilidad»[8]. Nada se puede leer en este periódico sobre la versión de los hechos por los huelguistas, sus motivaciones, actuaciones, el dolor por el entierro de sus muertos o la incertidumbre de las familias de los al menos veintisiete detenidos. Sus voces parecían no despertar el mismo interés que la del fiscal que fue protagonista en el suceso, cuyas palabras llenaban de emoción y elocuencia las páginas del periódico:

[…] he tenido la honra de ser perseguido, maltratado y encarcelado por la desenfrenada turba en el cumplimiento de un sagrado deber. […] Yo pregunto: ¿Hay justicia en España? […] Si la justicia es para todos, lanzo con toda la fuerza de mis pulmones las palabras: ¡justicia para todos!, que es lo que el Poder constituido, por mi acatado y jurado, nos ofrece. Todo el mundo los conoce; yo no tengo inconveniente en ir a señalar donde preciso sea en unión de una gran masa para hacer las acusaciones de los inhumanos propagandistas. Estoy dispuesto a todo: nada me arredra, ni aun perder la vida, con tal de que sea con honra por la verdad, por hacer justicia y por España[9].

El relato modelado por el diario monárquico no parecía necesitar la contrastación de otros testimonios, voces o fuentes de información ni ofrecerse abierta a la deliberación o reflexión de su audiencia sobre la complejidad del conflicto. En cambio, mostraba un especial empeño en persuadir al lector o influir en su percepción sobre lo acontecido: la agresión previa de unas «turbas» violentas y revolucionarias había obligado a la Guardia Civil a intervenir en defensa propia. Con este propósito, ofrecía una opinión cerrada, en la que se describían los abusos de unos y se justificaban las actuaciones de otros, se definía a las víctimas, se señalaba a los culpables y apenas había lugar para matices, dudas e interrogantes. Las palabras utilizadas revelaban una tendencia a la exageración, recurrían constantemente a estereotipos, prejuicios o simplificaciones para referirse a los actores de la contienda y vertían mensajes de sentido patriotismo y alarma sobre el riesgo a la propagación de lo que el periódico denominada «perturbaciones de orden público en España» para desatar emociones de aflicción, compasión o lealtad hacia unos, y temor, miedo o indignación hacia otros. El relato de los acontecimientos no era en ningún caso una mera invención, pero estaba impregnado de elementos interpretativos que ofrecían una representación del conflicto social suficientemente verosímil para ser asumida por el lector al que iba destinada[10].

Otro episodio que ofrece indicios de la utilización de esquemas interpretativos en la narración de la contienda lo encontramos en los sucesos de Castellar de Santiago (Ciudad Real), el 12 de diciembre de 1932. En esta población, un enfrentamiento entre miembros de la Casa del Pueblo y del sindicato católico acabó con seis muertos. Un grupo nutrido de socialistas, entre los que también se encontraban mujeres y niños, abordó al alcalde cuando se disponía a salir de la población con su vehículo para exigirle un acuerdo sobre las bases de la recolección de aceituna. A partir de este momento comenzó una disputa en la que se dieron empujones y estacazos, se hizo un disparo y se replicó con un navajazo. La voz de la agresión corrió por el pueblo y un grupo de patronos y allegados del alcalde emprendieron una persecución armada que al menos costó la vida a cuatro socialistas. El eco de los sucesos en los medios desató una gran polémica. El ABC manifestaba un especial interés por dilucidar quién había iniciado la colisión. El diario afirmaba en una información todavía sin contrastar que «significados elementos de la Casa del Pueblo» habían sacado al alcalde del coche «a rastras […], con el propósito de matarle». Al día siguiente titulaba en una columna «el atropello de que fue víctima el alcalde de Castellar por un grupo de socialistas dio origen a los sucesos». En esta crónica añadía que un vecino «que vive apartado de luchas políticas y sociales» se interpuso para evitar la agresión del alcalde y recibió una puñalada que acabaría costándole la vida. La información oficial transmitida por el Gobernador Civil ponía en cuestión esta versión: el apuñalado previamente había disparado un «balazo en el muslo» a un vocal de la Casa del Pueblo y éste, «al sentirse agredido, dio una cuchillada en el vientre a su agresor». No obstante, el relato del periódico para entonces ya estaba bien definido y en él se insistía en que fue la inicial agresión socialista lo que suscitó que los grupos afines al alcalde los acribillasen a balazos «ante el riesgo que ellos mismos se habían buscado» y «en respuesta a la agresión que antes habían cometido»[11].

Sin embargo, la percepción de la realidad política y social a través de la prensa se manifestaba mucho más fragmentada y compleja, en una pugna por imponer una visión de los acontecimientos y anular la de los medios rivales. Los periódicos cercanos a los movimientos obreros y revolucionarios contaban con menos medios, menor tirada y capacidad para llegar a un público afín. Aun así, se esforzaban por propagar una consideración diferente de los conflictos sociales. La protesta solía representarse como una reacción de dignidad de todo el pueblo, o al menos de todo el pueblo trabajador, a una situación de abusos que se había tornado insoportable. La noticia detallaba las condiciones sociales de los actores de la protesta, recurría a un lenguaje emotivo para evocar sentimientos de compasión con su situación social, señalaba la cerrazón de adversarios o autoridades para alcanzar un acuerdo que remediase el agravio o su provocación en el desencadenamiento del choque. Los manifestantes normalmente eran caracterizados como grupos pacíficos y desarmados, víctimas de una agresión injustificada o desproporcionada por las fuerzas del orden público. Las líneas estaban empapadas de una retórica que vertía admiración por la valentía y determinación de los oprimidos. La obtención de las demandas convertía la acción en un modelo a imitar para conseguir objetivos políticos, alcanzar la emancipación o el camino de una sociedad más justa. El fracaso, en cambio, era la ocasión para expresar rechazo a adversarios, gobierno o fuerzas coercitivas y emprender acciones de solidaridad con detenidos, heridos o familiares de víctimas mortales.

Los sucesos de Arnedo (Logroño), el 5 de enero de 1932, reunieron muchos de estos elementos narrativos en la prensa socialista. El Socialista daba a conocer la noticia en primera página con un gran titular: «Una bárbara agresión de la Guardia Civil». En palabras de un diputado socialista, los obreros de la población se encontraban en huelga porque se les había «agotado la paciencia». La narración del órgano socialista no ofrecía dudas sobre lo acontecido y sus responsables: un patrono había despedido a una veintena de trabajadores por no votar a «la candidatura monárquica», teniendo algunos que «marchar a América por no poder vivir ya en el pueblo». El patrono se negaba a readmitir a los despedidos, a pesar de su palabra dada al gobernador civil y el fallo condenatorio del Jurado Mixto. Con esto motivo, la organización obrera acordó declarar la huelga general en todos los oficios. Ésta precipitó el acuerdo entre obreros y patronos de la población, que «se advinieron a admitir en sus obras y talleres a los obreros despedidos» por el causante del conflicto. La resolución complació a «los representantes obreros y a todo el pueblo» y se organizó una «numerosísima» manifestación «para expresar la satisfacción que el éxito de ésta [la huelga] les había producido». La manifestación discurrió «con perfecto orden», sin registrar «el menor incidente», y los grupos se disolvieron «en actitud pacífica». Fue entonces, de «forma inexplicable», cuando se produjeron las «descargas de la guardia civil contra el vecindario». Uno de los testigos, «también camarada», aseguraba que «por parte del pueblo no hubo agresión». El recuento de víctimas, las circunstancias de su muerte o la respuesta de los vecinos que se «acercaban a socorrer a los heridos» hilvanaban las líneas de mayor emoción e indignación: «el horror en el pueblo por la tragedia es inmenso»[12].

Las muestras de dolor, entereza y solidaridad ocupaban la primera página de los días siguientes al suceso en el principal órgano de expresión socialista. En letras destacadas se podía leer: «lo de Arnedo ha conmovido a todos los hombres de corazón. Las balas de la guardia civil no se han detenido ante el pecho sagrado de cuatro mujeres. Ni siquiera han respetado la carne tierna de un niño proletario que quizás soñara con humildes juguetes de reyes». También se apelaba a no olvidar el nombre de Arnedo y a hacer justicia, «caiga quien caiga». La Guardia Civil atraía el centro de las críticas por sus métodos y actuaciones en los conflictos obreros. La nota de dignidad la ofrecía el grupo parlamentario socialista por abrir una suscripción para «pagar todos los gastos de asistencia y manutención de los heridos, el entierro de las víctimas y los jornales». La narración del sepelio contenía las notas más dramáticas. Comisiones llegadas de todas partes y una multitud de paisanos despedían a los fallecidos entonando «a media voz» La Internacional y arropaban a la comitiva fúnebre que avanzaba hacia el cementerio entre banderas socialistas y republicanas, un gran silencio «preñado de dolor» y discursos finales ahogados por las lágrimas y la emoción. Con el eco resonando de los también sangrientos sucesos de Castilblanco, la disputa entre periódicos por la interpretación de los hechos estaba abierta. El Socialista culpaba a la «prensa burguesa» de «excitar a la opinión con relatos tendenciosos de los sucesos» y se vertían acusaciones a periódicos como ABC, El Debate o La Nación por mantener «una campaña perturbadora», «aguzar el odio» y «agitar las pasiones»[13].

El tono dramático de la narración atraía la atención de la opinión pública y podía aumentar repentinamente la preocupación general por el orden público. El modo de contar los hechos, de reconstruir la información, dotaba de un significado particular al suceso. Como señalaba David Snow y Robert Benford, los periódicos definían los conflictos sociales, atribuían responsabilidades y guiaban de manera convincente a sus potenciales lectores[14]. La prensa conservadora solía ver en las contiendas una manifestación de intransigencia de una minoría organizada y dirigida por extremistas que incurría en agresiones y atropellos sobre autoridades y todos aquellos que le hacían frente, amenazando la paz social y sembrando la semilla de la revolución. La prensa obrera, en cambio, veía en la protesta social una expresión de dignidad y voluntad popular frente a los abusos intolerables cometidos por adversarios, patronal o autoridades, y un referente a imitar para socavar el orden social tradicional, ampliar derechos y conseguir objetivos políticos. Los periódicos conformaban relatos consistentes, reiterativos, persuasivos y emotivos para presentar el conflicto. Estos identificaban un marco de agravios o injusticias fácilmente reconocibles por sus lectores, subrayaban la legitimidad de ciertas reivindicaciones o actuaciones, determinaban la responsabilidad de quien habían provocado la colisión, seleccionaban las fuentes de información y los testimonios a los que daban credibilidad, proyectaban una imagen pacífica o agresiva de la movilización, identificaban a las víctimas, caracterizaban sus comportamientos y utilizaban un lenguaje emocional e hiperbólico para estimular corrientes de simpatía, adhesión o temor. También definían a los adversarios, a los que dedicaban escasa comprensión. El modo en que estos oponentes eran caracterizados por la prensa podía cumplir funciones esclarecedoras en la representación del conflicto[15].

La contienda difícilmente puede ser narrada sin la aparición de los actores enfrentados. La presencia de los sujetos otorga a la representación del conflicto mayor interés, credibilidad, dramatismo y un significado político. Según William Gamson, la identificación de los responsables en un conflicto contribuye a que los lectores reconozcan la amenaza y estrechen lazos emocionales con los que son presentados como víctimas o principales afectados. Siguiendo su análisis, la atribución de hechos maliciosos o egoístas a grupos claramente identificables propaga el componente emocional de un marco de injusticia. Los protagonistas eran identificados, las partes enfrentadas reconocidas, se caracterizaban comportamientos o rasgos comunes de los contendientes y estos se asociaban con grupos de presión, fuerzas del orden público, organizaciones políticas o sindicales. La definición de los actores como culpables o causantes, de este modo, permitía transmitir una imagen colectiva del adversario, contribuir a socializar una determinada percepción de la realidad y conformar una solidaridad e identidad compartida entre los lectores. En conjunto, la representación del oponente desempeña un papel determinante en la persuasión de grupos de opinión en la medida en que difunde ideas y mensajes reconocidos por sus potenciales simpatizantes[16].

La prensa del período republicano contribuyó, en este sentido, a transmitir estereotipos negativos de los adversarios políticos. El desprecio y la descalificación entre actores rivales no era algo novedoso en el debate político de las últimas décadas. Aun así, cabría preguntarse si los enfrentamientos sociales más letales, los intentos revolucionarios y las actuaciones represivas de la fuerza pública acentuaron unos lenguajes agresivos hacia los antagonistas y contaminaron la vida política de una retórica excluyente. Desde el primer momento, los periódicos conservadores vieron en las protestas de las organizaciones obreras y sindicales una grave amenaza política y social promovida por agentes al servicio de la revolución. Las acciones colectivas más virulentas, según esta prensa, eran estallidos provocados por unos líderes con capacidad para agitar y embaucar a unas «masas» o «turbas» descontroladas, términos que se utilizaban para descargar la actuación del grupo de racionalidad, legitimidad o reconocimiento político. Sucesos como los de Gilena (Sevilla), el 9 de octubre de 1931, que se saldaron con seis fallecidos tras la detención de unos piquetes en huelga, apuntalaban la imagen de una población ingenua o inocente, capaz de agresiones «verdaderamente salvaje[s] e inopinada[s]» por la fácil manipulación que sobre ella ejercían los cabecillas de las organizaciones obreras, especialmente si los enfrentamientos se producían en las zonas rurales[17]. El campo todavía se representaba con cierto exotismo por la prensa publicada en los centros de poder, que recurrentemente aludía al carácter embrutecido de sus habitantes, su analfabetismo y menor civismo político[18].

Los líderes obreros eran en estos casos señalados por los diarios conservadores como los verdaderos responsables de tales atrocidades por aprovecharse de esa educación política del campesinado pretendidamente menor, sembrar la discordia entre los paisanos, envalentonar sus ánimos y precipitar el choque con las fuerzas del orden público. Los sucesos de Corral de Almaguer obedecían a un «plan premeditado y preparado» por «elementos extremistas» para asaltar el poder municipal de la zona de Villa de Don Fadrique, según el ABC. En este pueblo, el alcalde y los concejales eran «comunistas» y de allí salían individuos que recorrían los pueblos cercanos para arrastrar a los trabajadores a la misma «tendencia»[19]. Para La Época, los sucesos de La Almarcha (Cuenca), en diciembre de 1931, donde otra huelga provocó un nuevo enfrentamiento con la Guardia Civil que se saldó con un jornalero muerto, los «dirigentes» socialistas habían declarado la huelga con la intención de propagar un «movimiento revolucionario» y de «violencia cuyas ramificaciones se extendían a varios pueblos de la provincia». Lo de Castilblanco, advertía este mismo periódico, no podía achacarse a la «cuestión agraria, ya que el paro no existe, […] ni nunca hubo crisis, […] y no hay pobres ni en el sentido estricto de la palabra». Los verdaderos responsables de lo sucedido eran los cabecillas del socialismo, que «han llegado a ese extremo, solo por disfrutar de los innumerables enchufes que tienen»[20]. La acusación constante contra los líderes o representantes de las organizaciones obreras permitía identificar claramente a los principales responsables de los desórdenes públicos, restar valor a las reivindicaciones y catalizar la animadversión que ciertos sectores de la opinión pública sentían hacia el movimiento obrero. Para el ABC, la pobreza o el caciquismo eran excusas o leyendas esgrimidas por las organizaciones obreras que de ningún modo podían explicar, justificar, ni mucho menos disculpar, el desencadenante de los hechos. Así lo manifestaba en uno de sus editoriales:

Los inductores y culpables son los primeros que hablan, y siempre para la misma conclusión: siempre para acusar a la Guardia Civil y absolver a las masas que con ella chocan, pacíficas y prudentes en todos los casos. O si en alguno hay una evidencia tan abrumadora como la de Castilblanco, lo menos que hacen es disculpar a los forajidos con patética ternura y presentarlos a la compasión de las gentes como víctimas de la injusticia social[21].

La imagen simplificada o distorsionada del contrario no era un elemento únicamente utilizado por la prensa más escorada del espectro político. La prensa republicana y reformista también utilizaba algunos de estos recursos para definir a conveniencia a los que señalaba como culpables en los conflictos sociales. Los editoriales del Ahora también acusaban a los «agitadores» de crear una masa «fanatizada» o un «ambiente de lucha enconada», y señalaban las «prédicas extremistas» tanto de izquierdas como de derechas[22]. Hasta la salida de los socialistas del gobierno las palabras más duras recayeron sobre comunistas y anarcosindicalistas. Para el Heraldo de Madrid, los «comunistas» que habían promovido los sucesos de Corral de Almaguer eran de «no tranquilizadora catadura, y a los que no escaseaba ni con mucho el dinero». Entre ellos, además, actuaban varias mujeres «bastante feas» que «proclaman el amor libre como panacea universal». La más exaltada de todas ellas, «morena con piel de cordobán y picada de viruelas», pretendía con sus arengas «adjudicarse los mejores mozos del pueblo»[23]. Las acciones insurreccionales convocadas por la CNT, a su vez, proporcionaron la ocasión para reactivar una imagen sobre sus militantes que los calificaba de «extremistas», «irresponsables», «un puñado de insensatos, que solo quieren la violencia y la confusión», «elementos indeseables» que conducen a los obreros «por caminos de perdición» o movidos por «un insano afán de violencia y perturbación». En conjunto, los argumentos caracterizaban a los anarquistas como sujetos fanáticos y despiadados, que con sus soflamas incitaban a los campesinos más inocentes y nobles a cometer crímenes y desórdenes indiscriminados[24].

La prensa socialista también solía reservar un espacio para verter opiniones de esta misma consideración sobre los anarquistas. El diputado socialista y antiguo cenetista Manuel Albar, tras los sucesos de Casas Viejas en enero de 1933, expresaba en El Socialista que la organización anarcosindicalista estaba conformada por «una minoría encanallada que asesina, roba, incendia y destruye a sueldo. Y una mayoría que por inercia, cobardía o ineducación sirve, con su obediencia y su silencio, de cómplice a los facinerosos que la prostituyen»[25]. La criminalización de los anarcosindicalistas mediante su identificación con los atracadores, muy frecuente en el imaginario de autoridades y fuerzas policiales, también fue utilizada por los socialistas en editoriales donde se les tachaba de «planeadores de atracos y proyectistas de movimientos alocados», «vividores, chantajistas, de los que otro tiempo vivieron del sable y de manejos turbios» o «señores de historia lamentable [que] han convertido a hombres de fibra revolucionaria en atracadores y asesinos»[26]. Por su parte, Solidaridad Obrera, periódico portavoz de la CNT en manos de los faístas desde finales de 1931, hacía un uso indiscriminado del término fascista y recurría a expresiones bien conocidas por los grupos a la izquierda del socialismo para definir a éstos como «traidores» a los trabajadores, «socialenchufistas», «sectarios» o cómplices de una «dictadura» capitalista y represiva. Los campesinos en Casas Viejas, Bugarra y otros tantos pueblos que se habían sumado a la acción insurreccional anarquista de enero de 1933, eran elevados al pedestal de los «verdaderos héroes» y «bravos luchadores» por los cenetistas. Estos incurrían en la misma condescendencia y tópicos que el resto de los medios acerca de «la generosidad» y «la nobleza» de los campesinos, pero no advertían en sus acciones rasgos de ignorancia, ingenuidad o rudeza, como afirmaban los periódicos republicanos, sino ideales «de libertad y de justicia», dignos de «respeto y admiración» y merecedores de solidaridad «por haber querido conseguir la liberación social, el bienestar para todos»[27].

La prensa obrera manifestaba mayor cercanía cuando se trataba de definir y representar a las «derechas», especialmente a partir de 1933, año en el que el socialismo se dirigía hacia posiciones más combativas. Estos periódicos transmitían una imagen pública de las «derechas» que las disociaba de la comunidad popular y las vinculaba directamente a los movimientos conspiratorios y reaccionarios, los abusos continuos sobre los trabajadores, el clericalismo intransigente y la brutalidad de las fuerzas del orden público. Los principales adversarios en los conflictos sociales eran claramente identificados con monárquicos, curas, señoritos, caciques o guardias civiles, términos cargados de desaprobación política y moral. La percepción que tenían los socialistas de sus antagonistas quedaba bien recogida en el artículo que Margarita Nelken publicó en El Socialista tras los sucesos de Hornachos, donde otro enfrentamiento con motivo de las elecciones municipales de 23 de abril de 1933 había ocasionado cinco muertos. Ésta afirmaba que en determinados pueblos actuaba «la ley de la fuerza, de todas las fuerzas unidas, la del cacique, la del monárquico disfrazado y la del tricornio que ampara el disfraz»[28]. Desde los sucesos de Arnedo, la Guardia Civil se había situado en el punto de mira de todos los periódicos obreros y revolucionarios. Para Solidaridad Obrera, los disparos de los guardias civiles allí eran propios de unos verdugos carentes de escrúpulos que habían cometido una «monstruosa masacre» contra mujeres y niños sin provocación previa y en venganza por lo acontecido en Castilblanco. El pueblo, afirmaba, había sido «crucificado por los sayones». La primera página del siguiente número venía ilustrada con una impactante imagen de la muerte vestida de Guardia Civil, que decía con sátira representar «el alma de España»[29].

Imagen 1

Fuente: Solidaridad Obrera, «La incalificable agresión de Arnedo», 08-01-1932.

El triunfo electoral de la derecha en noviembre de 1933 y la escalada revolucionaria de 1934 estimularon la proliferación de imágenes polarizadas y más agresivas del adversario político. Para Ann Mische, los cambios discursivos crean nuevas representaciones de las experiencias y reorganizan las relaciones entre los actores sociales[30]. La prensa obrera atenuó las críticas a otras organizaciones de izquierda rivales y concentró el grueso de sus descalificaciones en las derechas, sobre las que se generalizó la acusación de «fascistas». Fascistas podían ser monárquicos, católicos o falangistas indistintamente y su uso indiscriminado parecía vaciar de todo derecho y consideración política al adversario. El Socialista afirmaba en un editorial que «cuantos se llaman o se llamen republicanos a la derecha del partido radical son monárquicos inconfundibles que ni siquiera merecen ese nombre, sino el de fascistas. Por extensión, los radicales son asimismo acreedores a ese calificativo». Y concluía con un llamamiento a los suyos a estar preparados «para librar a España del crimen y del envilecimiento»[31]. El diario obrerista Avance elevaba el tono al calor de la huelga revolucionaria de octubre de 1934, con el uso de calificativos para definir a las derechas como «vampiros», «verdugos» y «asesinos»[32]. El mundo conservador, a su vez, reafirmaba un esquema interpretativo que demonizaba a todos los grupos de izquierdas bajo la etiqueta de masones, marxistas y separatistas y los definía como enemigos peligrosos de la propiedad, el orden, la nación y la civilización cristiana. Tras la revolución de octubre, La Época tildaba a los socialistas de «asociación de delincuentes», inductores de «matanzas e incendios» con propósitos «criminales y antisociales»[33]. El ABC publicaba el 2 de mayo de 1935 una entrevista con un supuesto «ciudadano desconocido», presentado como «católico, español y monárquico», en la que se auguraba una lucha definitiva para la supervivencia de la nación:

La política española futura quedará fatalmente dividida en dos grandes campos. La lucha […] está entablada entre la revolución y la contrarrevolución. Para esa lucha quedarán a un lado todos los que van contra la revolución; al otro los que la provocaron y los que nacieron de ella. En esta lucha, decisiva y neta, no caben neutralidades ni mucho menos confusiones[34].

Este proceso de polarización empapó el ambiente de la campaña electoral de febrero de 1936 y el enfrentamiento político y social de los meses posteriores. Para entonces, la desconsideración del adversario, su deformación grotesca o deshumanización eran elementos habitualmente utilizados por los periódicos al objeto de legitimar la posición o acción adoptada por los suyos como la única posible, sustraer al otro su condición de contendiente respetable con el que era imposible llegar a un entendimiento o incluso convivir, atribuirle la responsabilidad de los muertos y la propagación de ideologías extremas y temidas. La prensa solía valerse de estereotipos acumulados desde tiempo atrás, que se extremaron con el eco de la revolución asturiana y la victoria del Frente Popular para construir una imagen del oponente que infundía desprecio, rechazo, miedo, siendo representado como una amenaza social o un contramodelo de los valores a preservar o imponer. La narración de los acontecimientos podía resultar más persuasiva y su difusión alcanzar a un público más amplio mediante la reproducción de estas imágenes. De este modo, la visión prejuiciosa del otro contribuía a esclarecer la interpretación de la realidad sin necesidad de introducir argumentos complejos que matizasen posiciones previas y provocaba una mayor implicación emocional de sus lectores. Con la acción colectiva definida y los enemigos identificados, la prensa sentaba las bases necesarias para aglutinar a una identidad grupal que se podía sentir en peligro[35].

Los conflictos sociales situaban el debate sobre el orden público en el centro de las preocupaciones políticas[36]. Los enfrentamientos sociales letales acaparaban las portadas o primeras páginas de los periódicos y la narración que ofrecían éstos solía venir acompañada de editoriales o artículos de opinión. La socialización del mensaje, siguiendo a Donatella Della Porta y Mario Diani, permite que los lectores se reconozcan involucrados en el conflicto y vinculados a grupos más amplios. La difusión de estas noticias conecta la realidad local con los grandes conflictos a escala nacional, dota de significados políticos las experiencias individuales y reafirma los vínculos de la identidad colectiva[37]. La credibilidad de los relatos dependía en cierta medida de la reputación del periódico, la coherencia narrativa del mensaje y su capacidad para conectar con valores, intereses, experiencias y creencias compartidas con sus lectores. Las columnas de los periódicos monárquicos y católicos insistían en la frecuencia con la que ocurrían problemas de orden público y describían cada protesta social como «explosiones revolucionarias» planificadas para propagar la semilla del comunismo, remarcaban la impunidad con la que actuaban las organizaciones obreras, la «impasibilidad ante los desmanes» de los gobiernos de izquierda y la necesidad de una mayor contundencia en el empleo de la fuerza que garantizara el principio de autoridad[38]. Los ecos de cada conflicto propiciaban que se dedicasen artículos a defender la unión de las «fuerzas conservadoras» y a manifestar públicamente adhesión a la Guardia Civil[39].

Los defensores de la Benemérita culpaban a gobiernos y organizaciones obreras de las agresiones que sufrían los agentes del cuerpo y elogiaban su conducta para devolverle el prestigio u orgullo herido. Las actuaciones de los agentes eran constantemente calificadas de heroicas o patrióticas, siempre en cumplimiento de la ley o el mandato de las autoridades, y el uso de la fuerza un último recurso en defensa propia frente a apedreamientos, navajazos o disparos del «populacho armado»[40]. Las páginas de los rotativos encontraban un espacio para publicar fotografías de los guardias valerosos, notas y cartas de felicitación o agradecimiento a la Guardia Civil de parte de autoridades, propietarios, vecinos y hasta trabajadores del lugar donde había tenido lugar el conflicto, como si éstas quisieran representar el clamor de la opinión pública[41]. El empleo de una fuerza implacable en el intento revolucionario de octubre de 1934 extendió los elogios a Ejército y Cuerpo de Seguridad y Asalto, como última salvaguarda de la unidad de la patria, frente a la «barbarie» y el «deshonor», pero también provocó una mayor consternación por las víctimas entre sus filas[42]. La Época lo expresaba así en primera página:

Para los Gobiernos débiles la vida del criminal es más sagrada que la de las víctimas. A los criminales y a sus amigos y familiares se les teme, pero nadie teme ni repara en el mayor valor de la vida de los guardias asesinados, de los oficiales y soldados muertos y de los transeúntes pacíficos y mujeres y niños que son arrebatados de la vida en los balcones de sus mismos hogares. Esta sangre inocente, mil veces más sagrada que la de los asesinos, clama justicia. Pero actualmente parece que se da más importancia a la vida de los verdugos que a la de las víctimas[43].

Los guardias muertos en enfrentamientos sociales eran sentidamente elogiados, sin ahorrar detalles de las diversas heridas que les habían ocasionado la muerte o el maltrato sufrido por sus adversarios. Las fotografías de los guardias caídos eran publicadas en páginas destacadas y en ocasiones, junto a ellas, las de los familiares que habían dejado viudas, huérfanos o prometidas con las que ya no podrían contraer matrimonio[44]. Los periódicos animaban a abrir suscripciones o contribuir con donativos a las familias de los agentes fallecidos y daban a conocer el nombre de las personalidades, instituciones y sociedades que con tal generosidad actuaban en señal de afecto con la fuerza pública[45]. En octubre de 1934 el ABC titulaba un artículo «¿Así se paga a los héroes?», en el que lamentaba la pírrica cantidad que había alcanzado la suscripción para asistir a las familias de los soldados muertos en Barcelona e instaba a que «los bancos, las sociedades, los particulares piensen un momento en ello y procedan en consecuencia»[46]. Los entierros también eran fotografiados y descritos como «imponente[s] manifestación[es] de duelo», en los que autoridades militares, civiles, familiares y «personas de todas las clases sociales» se unían por el dolor y la emoción en medio de un silencio entrecortado por el llanto, las ovaciones a los agentes que acompañaban al féretro y gritos de «¡Vivan los mártires de la nación!» contestados por «millares de personas»[47]. Las manifestaciones patrióticas fueron muy difundidas durante las jornadas de octubre de 1934 y el desafío de la población civil a los huelguistas y «sediciosos» especialmente invocado y ensalzado[48]. El ABC se refería a esto mismo en un artículo que titulaba «el civismo público» y que decía lo siguiente:

Estamos presenciando estos días rasgos de firmeza y de ciudadanía que, por lo mismo que son hasta ahora limitados, resaltan con relieve más plausible. La conducta de muchos grupos juveniles es tan bizarra como meritoria y su concurso resulta valiosísimo para los servicios de comunicaciones, para la difusión de los periódicos y para mantener en el ambiente de la capital la sensación de vida. Pero —con toda sinceridad hemos de decirlo— es preciso que ese hermoso ejemplo se propague, que aumenten los núcleos voluntarios, sea cual sea su condición social, coadyuven de una manera activa a la restauración de la normalidad y de la paz, no solo poniéndose al lado de las autoridades espiritualmente, sino haciéndolo de una manera corpórea, efectiva[49].

Los relatos propagados sobre el horror sufrido por los agentes caídos en Asturias, sobre la crueldad de los insurrectos o la responsabilidad de los líderes de las organizaciones obreras y políticas acentuaron los esquemas interpretativos que estaban actuando en los medios conservadores. El impacto mediático de los sucesos de octubre de 1934 y el tono bélico en el que fueron narrados algunos de sus episodios, catapultó una campaña que justificaba la exclusión política de los adversarios y el miedo a una inminente revolución y guerra[50]. La difusión del miedo, según Rafael Cruz, marcó la campaña electoral de 1936 y la interpretación de los posteriores conflictos sociales de aquella primavera para hacer llegar una sensación de peligro y desprotección a una parte considerable de la población, fortalecer identidades y adhesiones, deslegitimar al gobierno y justificar posiciones o actuaciones políticas propias[51]. Para Eduardo González Calleja, los editoriales catastrofistas y rupturistas de la prensa conservadora tras la victoria electoral del Frente Popular, la reproducción de los discursos más provocadores y beligerantes de los representantes de la extrema derecha en el Congreso, la exageración del número y la gravedad de los desórdenes públicos y la publicación de supuestos documentos secretos y planes que preparaban una inmediata insurrección comunista obedecían a una campaña mediática del miedo que resultaría clave para conseguir los apoyos sociales que respaldaron el golpe de estado[52].

El enaltecimiento de las víctimas propias y el miedo también fueron cultivados al otro lado del arco político. Los periódicos vinculados o cercanos a las formaciones obreras que secundaron la huelga de octubre de 1934 fueron suspendidos durante largos meses. El Socialista no pudo romper el silencio hasta el 18 de diciembre de 1935. En su reaparición fue altavoz de la campaña de amnistía en favor de los represaliados, publicaba cartas de los presos, desmentía la crueldad atribuida a los huelguistas, mostraba fotografías de los fusilados, sus viudas y familiares, elevaba sus comportamientos nobles y daba testimonio de los malos tratos, vejaciones y persecución que sufrieron a manos de las autoridades[53]. En la persistencia de estas informaciones existía un propósito de utilizar «cualquier circunstancia, cualquier medio […] para hacer que en la conciencia de los trabajadores no se borre nunca la tragedia de Asturias. En recordarla, en sacarla a la luz, en vocearla a los cuatro vientos, está el mejor homenaje que podemos hacerles a los muertos y a los martirizados»[54]. La victoria electoral del Frente Popular fue redefinida como un triunfo de toda la comunidad popular frente a los que habían secuestrado su voluntad[55]. Las reyertas, atentados y conflictos sociales de los siguientes meses fueron interpretados como una ofensiva de la patronal, la reacción y el fascismo, que a ojos del socialismo se estaba organizando en un único bloque y armando con el propósito de «provocar la alarma» en la sociedad y la respuesta de las organizaciones obreras[56].

Los periódicos socialistas y comunistas transmitieron entonces el estado de indefensión e inseguridad que sufría el proletariado y el de amenaza permanente que soportaba el gobierno salido de las urnas. Artículo tras artículo insistían en que los verdaderos responsables del conflicto político y social eran las clases que se consideraban así mismo naturales defensores del orden, los grupos reaccionarios y fascistas, que con sus abusos, humillaciones, despidos, palizas y atentados contra los trabajadores, volcaban «toda su rabia» contra el «régimen popular» y propagaban el caos, el crimen y el desorden[57]. El rotativo socialista, alertado por los atentados que sufrieron algunos de sus dirigentes, exhortaba al gobierno a actuar con «rigor inflexible» ante las «pandillas de pistoleros» que ejercían el «terror» en la vía pública y ofrecía la ayuda del «pueblo» en el «ejercicio vital de la autoridad»[58]. El órgano caballerista Claridad y el comunista Mundo Obrero llamaban a conformar milicias «hasta en la última aldea de España» para apoyar al gobierno en «la obra de aniquilamiento de la reacción y el fascismo»[59]. La amenaza fascista reproducía titulares y se representaba en constante avance en las calles, la prensa, los partidos y sindicatos católicos, la Iglesia, la fuerza pública, la justicia y el Congreso[60]. Contra ellos era preciso estar unidos, pero si al gobierno le faltaba energía para combatirlos, debía acudir al pueblo, extraer de él «las energías precisas» o prestarse a «otorgar el más eficaz apoyo a las vanguardias que han asumido sobre sí la misión de soportar los choques»[61].

La prensa libró una dura batalla por la persuasión de la opinión pública durante la Segunda República. Los conflictos sociales proporcionaron uno de los principales motivos de la disputa mediática. Estos permitían señalar unas causas, reconocer a las partes enfrentadas, reproducir demandas, consignas o gritos, representar los momentos más tensos del enfrentamiento, hacer recuento de daños, detenidos y víctimas. El modo de contar los hechos, de reconstruir la información, dotaba de un significado particular a los acontecimientos. Los análisis de marcos han señalado que la difusión del mensaje depende de la credibilidad, coherencia y resonancia en los valores y creencias de la población a la que se dirige. Este enfoque ha permitido indagar en el modo en que los periódicos conformaron relatos persuasivos, consistentes, reiterativos y emotivos para presentar un conflicto que interpretaban bajo el prisma de sus propios intereses o creencias, con el propósito de propagar una visión de los acontecimientos, reforzar posiciones políticas o fortalecer identidades existentes. La prensa conservadora interpretaba las contiendas como una manifestación de intransigencia de una minoría organizada y dirigida por extremistas que incurría en agresiones y atropellos sobre autoridades y todos aquellos que le hacían frente, amenazando la paz social y sembrando la semilla de la revolución. La prensa obrera, en cambio, representaba la protesta social como una expresión de dignidad y voluntad popular frente a los abusos intolerables cometidos por adversarios, patronal o autoridades, y un referente a imitar para socavar el orden social tradicional, ampliar derechos y conseguir objetivos políticos. Para ello, los periódicos a ambos lados del arco ideológico identificaban un marco de agravios o injusticias fácilmente reconocibles por sus lectores, subrayaban la legitimidad de ciertas reivindicaciones o actuaciones, determinaban la responsabilidad de quienes habían provocado la colisión, seleccionaban las fuentes de información y los testimonios a los que daban credibilidad, proyectaban una imagen pacífica o agresiva de la movilización, identificaban a las víctimas, caracterizaban sus comportamientos y utilizaban un lenguaje emocional e hiperbólico para estimular corrientes de simpatía, adhesión o temor.

La prensa del período republicano también contribuyó a transmitir estereotipos negativos de los adversarios políticos. El desprecio y la descalificación entre actores rivales no era algo novedoso en el debate político. No obstante, los conflictos sociales más letales, los intentos revolucionarios y las actuaciones represivas de la fuerza pública acentuaron unos lenguajes agresivos hacia los antagonistas. La prensa conservadora responsabilizaba de la violencia a los líderes obreros, a los que atribuía un carácter extremista, propósitos revolucionarios, esconder ambiciones personales y capacidad para embaucar a las masas analfabetas. La prensa republicana y socialista también ahondó en algunos de estas definiciones sobre comunistas y anarquistas, especialmente sobre estos últimos, a los que se identificaba con criminales y atracadores que solo buscaban propagar la violencia por medio de sus acciones insurreccionales. La prensa obrera manifestaba mayor sintonía a la hora de representar a las derechas, a las que identificaba con grupos ajenos a la comunidad popular, caciques, reaccionarios, conspiradores, explotadores de los trabajadores y cómplices de la brutalidad de las fuerzas del orden público. La escalada revolucionaria de 1934 acentuó la proliferación de imágenes polarizadas y más agresivas sobre el adversario político. La prensa obrera concentró el grueso de sus descalificaciones en las derechas, sobre las que generalizó la acusación de fascistas. El mundo conservador, a su vez, definía a todos los grupos de izquierdas como enemigos peligrosos de la propiedad, el orden, la nación y la civilización cristiana. La prensa extremó la desconsideración del adversario a partir de ese momento, identificándolo con una amenaza social, alejado de la condición de contendiente respetable y contramodelo de los valores que encarnaba el medio.

La narración persuasiva de los conflictos sociales y la visión deformada del adversario buscaba una mayor implicación emocional de la audiencia a la que iba destinada el mensaje del periódico. Los artículos de opinión que durante días escoltaban las páginas en las que se contaban los sucesos también contribuían a construir una visión del conflicto social que pretendía conservar o reforzar apoyos entre los lectores. Las voces del periódico exigían responsabilidades o mayor firmeza al gobierno, llamaban a la unión de diversas fuerzas políticas frente a adversarios comunes, manifestaban adhesión a una de las partes de la contienda y declaraban apoyo y solidaridad por las víctimas o por los detenidos. Las víctimas mortales eran sentidamente elogiadas, sus fotografías publicadas en páginas destacadas y, junto a ellas, las de los familiares que habían dejado solos. El resultado de la huelga revolucionaria de 1934 y las elecciones de 1936 extendieron los relatos de la violencia y el miedo, la crueldad empleada por unos u otros, las campañas de recogida de fondos para los familiares de las víctimas y los llamamientos a la acción de la ciudadanía en legítima defensa. Determinar la medida en la que los periódicos consiguieron involucrar o movilizar a los lectores en la contienda pública es una cuestión de difícil comprobación, pero ciertas respuestas sociales al golpe de Estado del 18 de julio parecen indicar que algunas semillas habían brotado.

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Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto de investigación PID2022-136358NB-I00 («La respetabilidad burguesa y sus dinámicas culturales en la España liberal, 1830-1890») y los grupos EXPEHISTORIA (Ideas, saberes y experiencias. Grupo de investigación en historia sociocultural e intelectual, UCM) y GIGEFRA (Grupo de Investigación Complutense de la Guerra Civil y el Franquismo, UCM).

Óscar Bascuñán Añover es doctor en Historia por la Universidad de Castilla-La Mancha y profesor Titular del departamento de Historia Moderna e Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito diversos artículos en revistas especializadas como Historia Social, Historia Agraria, Historia y Política, Vínculos de Historia, Revista de Historiografía, Hispania e Historia Contemporánea, así como dos libros: Protesta y Supervivencia. Movilización y desorden en una sociedad rural: Castilla-La Mancha, 1875-1923 (Fundación Instituto Historia Social, Valencia, 2008); y Campesinos Rebeldes. Las luchas del campesinado entre la modernización y la globalización (Los Libros de la Catarata, Madrid, 2009). Sus líneas de investigación ahondan en el estudio de los procesos de conflictividad social, socialización política, violencia y culturas populares del castigo en la España de las últimas décadas del siglo xix y primeras del xx.