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Cuando el culto dependió de los fieles: las cuentas de la iglesia vallisoletana en el período 1931-1936 When Worship Depended on the Faithful: The Accounts in the Church of Valladolid between 1931 and 1936
DOI: 10.1387/hc.23733
Resumen
Aproximación a la situación que atravesó la iglesia vallisoletana en esos difíciles años en los que la política de separación Iglesia-Estado puso fin al presupuesto de culto y clero, haciendo depender de la colaboración ciudadana tanto el mantenimiento del culto como el sostenimiento económico del personal eclesiástico.
Se parte de las múltiples realidades que anidaban en el tejido diocesano español y el diferencial impacto que hubo de tener la legislación laicista de los gobiernos republicanos, optando por un estudio de caso —la archidiócesis vallisoletana— para el analizar el que fue modelo alternativo de financiación eclesiástica desde finales del año 1931.
Main Text
Cuando el culto dependió de los fieles: las cuentas de la iglesia vallisoletana en el período 1931-1936
When Worship Depended on the Faithful: The Accounts in the Church of Valladolid between 1931 and 1936
M.ª Concepción Marcos del Olmo*
Universidad de Valladolid-España
RESUMEN: Aproximación a la situación que atravesó la iglesia vallisoletana en esos difíciles años en los que la política de separación Iglesia-Estado puso fin al presupuesto de culto y clero, haciendo depender de la colaboración ciudadana tanto el mantenimiento del culto como el sostenimiento económico del personal eclesiástico.
Se parte de las múltiples realidades que anidaban en el tejido diocesano español y el diferencial impacto que hubo de tener la legislación laicista de los gobiernos republicanos, optando por un estudio de caso —la archidiócesis vallisoletana— para el analizar el que fue modelo alternativo de financiación eclesiástica desde finales del año 1931.
Palabras clave: Iglesia, Segunda República, legislación laicista, financiación eclesiástica, archidiócesis de Valladolid.
Abstract: This work explores the situation of the Church in Valladolid during the years when the separation of church and state became law and there was no budgeted expenditures for paying worship and clergy. Thus, the maintenance of worship and the sustainment of clergy began to depend on civic collaboration.
In light of the many Spanish dioceses and the impact that the secularist legislation of the Second Republic necessarily had on them, we present a case study —the Archdiocesis of Valladolid— in order to analyse an alternative model of ecclesiastical financing since the end of 1931.
Keywords: Church, Spain’s Second Republic, secularist legislation, ecclesiastical financing, Archdiocesis of Valladolid.
* Correspondencia a / Corresponding author: M.ª Concepción Marcos del Olmo. Dpto. Historia Moderna, Contemporánea, América y Periodismo. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Valladolid. Plaza del Campus s/n 47011-Valladolid – concepcion.marcos@uva.es – https://orcid.org/0000-0002-4533-9126
Cómo citar / How to cite: Marcos del Olmo, M.ª Concepción (2024). «Cuando el culto dependió de los fieles: las cuentas de la iglesia vallisoletana en el período 1931-1936», Historia Contemporánea, 75, -625. (https://doi.org/10.1387/hc.23733).
Recibido: 8 junio, 2022; aceptado: 13 febrero, 2023.
ISSN 1130-2402 - eISSN 2340-0277 / © 2024 Historia Contemporánea (UPV/EHU)
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Lugar común en los estudios sobre la Segunda República es su consideración a tenor de una movilización ciudadana que se presenta cual auténtico distintivo del periodo. Mención específica merece en este sentido la reacción del mundo católico ante la legislación laicista del primer bienio, de la que fueron hitos fundamentales tanto la campaña de revisión constitucional, calificada por Eduardo González Calleja de «complot contra la República»[1] cuanto el despliegue propagandístico que condujo en 1933 a los éxitos electorales de abril primero y noviembre después[2]. Una campaña esta última que se realizó ya en clave ofensiva y contando no solo con el concurso del elemento femenino, rescatado de su tradicional ostracismo doméstico aduciendo la necesidad de salvar a la Patria[3], sino también de unos hombres siquiera parcialmente inmersos en el proceso de renovación espiritual que según determinados sectores tuvo lugar en esos años[4]. En esa misma dirección apuntan tanto el desarrollo que conoció el asociacionismo confesional, de manera especial esa Acción Católica que en 1935-1936 sumaba 65.200 afiliados en su rama juvenil masculina[5] y 70.000 en la femenina[6], cuanto la tendencia alcista que experimentaron las colectas dedicadas al fomento de la buena prensa, cuyos ingresos pasaron de 178.996,78 pesetas en 1931 a 265.357,40 en 1933[7].
Otra cosa es el significado que pueda concederse a hechos tales habida cuenta la poliédrica realidad que descubren las visiones desde abajo[8] y las versiones contradictorias que se tienen acerca de fenómenos tan substanciales como el verdadero alcance de la secularización en un país —la España de los años treinta— que algunos testimonios de época consideraron víctima de una cuasi generalizada descristianización[9] y otros aludían a la existencia de una ciudadanía que mayoritariamente cumplía con los ritos de paso[10]. Eso sin contar con las incógnitas que genera el casi total desconocimiento que aún se tiene de ciertas realidades. De manera especial por lo que a nosotros interesa, lo que pudo ser la respuesta ciudadana al problema de financiación eclesiástica que puso sobre el tapete la reducción primero y desaparición después del presupuesto de culto y clero. Un fenómeno de indudable transcendencia para la Iglesia, al que la historiografía sobre el periodo no ha dedicado monográfica atención sino en contadas ocasiones[11], limitándose con frecuencia a unas pocas líneas llenas de afirmaciones genéricas tanto más vacuas cuanto plural es la realidad que descubren las fuentes primarias. Todo lo más alguna aislada referencia tras la que intuir la existencia de un entramado organizativo de ámbito diocesano que se financiaba con el reglado concurso de las parroquias, a las que correspondía entregar el 10% de sus ingresos en el caso de Toledo[12] y una cantidad variable, proporcionada al número de feligreses, en Ciudad Real[13]. Nada, en cualquier caso, sobre el monto de las recaudaciones primarias: las derivadas de un aporte ciudadano que tanto pudo estar a la altura de las necesidades como quedarse muy por debajo de ellas, lo que obligaría a matizar el alcance de la movilización ciudadana, pudiendo modificar incluso el sentido de la misma.
Al estudio de esa variable se dedica el presente artículo, centrado para mayor significación en un territorio dotado de inequívoca personalidad al tiempo que recorrido de comportamientos que presumimos extrapolables: esa archidiócesis vallisoletana a la que pertenecían con anterioridad al concordato firmado con la Santa Sede en 1953 noventa y tres parroquias, quince de ellas situadas en la capital, tres en Medina del Campo, dos en Tordesillas lo mismo que en Alaejos y el resto en otras tantas localidades de la provincia homónima, cuyos enclaves periféricos quedaban incluidos en las diócesis de Palencia, León, Zamora, Segovia y Ávila[14]. Lo haremos asumiendo la descripción del entramado organizativo que al efecto diseñó la jerarquía eclesiástica sobre la base de una estrecha relación entre su nivel de desarrollo y la mayor o menor implicación de la feligresía. A partir de ahí, seguimos el rastro de las más destacadas partidas presupuestarias de la Iglesia vallisoletana, con especial atención a la procedencia de los ingresos, considerando la pretendida autofinanciación como el más claro ejemplo de una eficaz, amén de efectiva, movilización ciudadana.
1. En defensa del presupuesto estatal
La situación de creciente deterioro económico que vivía la Iglesia española ya desde finales del siglo xix, como consecuencia de una dotación presupuestaria que nunca aumentó al ritmo que lo hacían las necesidades ordinarias,[15] se trocó auténtico colapso financiero cuando en noviembre de 1931 el Gobierno republicano redujo considerablemente la partida destinada al Culto y Clero, que pasó de casi sesenta y siete millones de pesetas a solo cuarenta y tres[16]. Por su parte, el texto constitucional aprobado en diciembre de ese mismo año prohibió toda colaboración institucional en el sostenimiento de las iglesias[17], anunciando en su artículo 26 la preparación de una ley especial que extinguiría, en el plazo máximo de dos años, el presupuesto de Culto y Clero. La reacción de la Iglesia no se hizo esperar. En marzo de 1932, coincidiendo con la tramitación parlamentaria del presupuesto correspondiente a ese año, una llamada Junta Pro Clero que presidía el deán de la catedral de Toledo —José Polo— e integraban tres miembros del cabildo toledano —el tesorero Ildefonso Montero Díaz y los canónigos José Marco Colomina y Ramón Molina Nieto[18]— así como el deán de Madrid —Ezequiel Mudarra— y el canónigo granadino Juan Francisco Correas[19], se presentó en Madrid con la misión de convencer a los miembros de la comisión parlamentaria de Justicia primero y al conjunto de diputados después para que aprobaran un presupuesto lo más parecido posible a los anteriores por lo que al clero se refería[20]. Sus deseos estuvieron lejos de realizarse y las cuentas del Estado se aprobaron en esa ocasión con apenas 29.000.000 de pesetas destinadas a ese fin, pero, lejos del desánimo, la mencionada comisión apostó por la perseverancia, volviendo a la carga cuando en diciembre de ese mismo año fue momento de tramitar en las Cortes el presupuesto de 1933. Tampoco entonces hubo suerte, aunque durante unas horas se vivió la ilusión de lo contrario, por lo que las nuevas cuentas estatales no contemplaban sino la simbólica asignación de 4.238.480 pesetas y el contundente añadido de que no habría ninguna nueva consignación.
La situación cambió de manera significativa al llegar 1934. Al calor de la nueva mayoría parlamentaria y con la ya referenciada comisión de eclesiásticos de nuevo en acción, comprometida «con el seguimiento y mejora» del proyecto ministerial[21], en abril de ese año se aprobó la ley de Haberes del Clero, por la que se reconocía a buena parte del personal eclesiástico 2/3 de los haberes que disfrutaban al advenimiento de la República. Era mucho más de lo que cabía esperar solo unos meses antes, pero insuficiente para cubrir las necesidades del conjunto aun sin contar con que las cantidades realmente entregadas quedaron por debajo de las 16.500.000 pesetas inicialmente previstas debido a las dificultades del erario público.
Para entonces, en cualquier caso, la Iglesia había hecho mucho más que sostener a la Comisión Pro Clero que venimos mencionando dado que tampoco la conservación del presupuesto estatal —una parte significativa del mismo ser más exactos— fue nunca su única estrategia de acción.
2. Hacia un nuevo modelo de financiación eclesiástica
La elaboración de un nuevo modelo de financiación, basado —como no podía ser de otra forma— en el principio de una activa colaboración ciudadana, se planteó ya en la Conferencia que celebraron los Metropolitanos entre los días 18-20 de noviembre de 1931, proponiéndose como primera idea la posibilidad procurar el sostenimiento del clero parroquial recurriendo tanto a los derechos de arancel cuanto a las ofrendas que voluntariamente pudieran ofrecer los fieles y un «tanto por ciento prudencial sobre los derechos de administración de las fundaciones piadosas radicadas en la parroquia»[22]. También se apuntaron allí las primeras ideas sobre el entramado administrativo que, organizado de momento en torno a la creación de Juntas parroquiales, diocesanas y provinciales[23], se encargaría de fomentar la llegada de recursos primero y de conseguir después una canalización de los mismos acorde con el sentido de jerárquica centralización que define el hacer de la institución eclesiástica. Se anunció, en fin, el envío de normas de actuación más detalladas que cada Prelado se encargaría de adaptar a la concreta realidad y necesidades de su diócesis.
Destacan entre ellas el establecimiento de dos colectas extraordinarias específicamente dedicadas a este fin, que habrían de celebrarse el día de la Inmaculada y con motivo de la Natividad del Señor, destinándose las recaudaciones al mantenimiento de los seminarios y el personal eclesiástico en un caso y al sostenimiento del culto en el otro. A ellas se uniría la de carácter ordinario que debía realizarse un domingo de cada mes y que en el caso de Valladolid se acordó celebrar el segundo domingo de cada mes[24].
Resultado de las previstas adaptaciones al espacio local fue también el porcentaje en que aquí se cifró la aportación de las fundaciones piadosas, inferior al establecido en alguna otras diócesis del entorno castellanoleonés[25], así como la constitución de una Junta Diocesana que se adaptaba al modelo general en lo referido a estar presidida por la primera autoridad diocesana pero daba cabida, más allá de los habituales —dignidades y cargos eclesiásticos—a una representación laica consistente en «tres seglares pertenecientes a las juntas parroquiales de la capital»[26]. Una representación de los fieles que era acorde con las directrices emanadas de la conferencia que celebraron los Metropolitanos en noviembre de 1932[27] y también se dio en lugares como Toledo[28], Pamplona[29], Palencia o Burgos, donde se les entregó algo más que vocalías[30], pero de la que se careció, por ejemplo, tanto en el caso de León como en los de Ciudad Rodrigo, Salamanca o Zamora[31].
Auténtica piedra angular del sistema resultaron ser las suscripciones populares, contribuciones siempre aceptadas de manera voluntaria pero firmadas con el compromiso de una periodicidad que variaba según el momento y lugar, siendo frecuentes las realizadas con cadencia anual, trimestral o mensual aunque hubo lugares en los que se establecieron pagos aún más fraccionados[32]. El modelo finalmente adoptado en Valladolid tuvo forma de una cuota familiar consistente en el pago de «75 a 100 pesetas anuales» que daba derecho «a que se hagan a dichas familias todos los actos parroquiales completamente gratis, de la última clase del arancel»[33].
De impulsar estas suscripciones y canalizar los fondos recaudados siguiendo las normas de actuación que cada Prelado consideró más apropiadas, incluyéndolas como normas de obligado cumplimiento en el Reglamento de Organización Económica elaborado al efecto, se encargaba una pléyade de Juntas parroquiales que, salvo excepciones, debieron quedar constituidas entre finales de 1931 y los primeros meses de 1932. Debía presidirlas el párroco titular y contaban con la presencia de un número variable de seglares, escogidos a ser posible entre los de mayor relevancia social.
2.1. La constitución de Juntas parroquiales
El pistoletazo de salida lo marcó la circular que el 17 de diciembre se remitió desde el Arzobispado al conjunto de las parroquias con el explícito encargo a sus titulares de encontrar cuatro seglares con los que constituir una Junta parroquial que él mismo presidiría.
Era un requerimiento de naturaleza similar al que por esas mismas fechas se daba en otras diócesis, al que aquí se cumplió con evidente diligencia y alcanzando un muy reseñable nivel de efectividad, al menos en términos relativos y por comparación a lo ocurrido en otras diócesis del entorno castellanoleonés. De hecho, las primeras respuestas afirmativas llegaron ya el 20 de diciembre, solo tres días después de haber sido emitida la circular de referencia[34], y aun cuando las notificaciones seguían llegando en enero de 1932, el grueso de los envíos —nada menos que cincuenta y cinco— se había producido antes de que concluyera el año 1931. Más aun teniendo en cuenta el aporte que en este sentido pudieran hacer las veinte juntas parroquiales de cuya existencia tenemos constancia, pero no así del momento concreto en que se constituyeron[35].
Pero no solo se actuó con extrema celeridad, con una rapidez muy superior a la mostrada por ejemplo en la vecina diócesis de Palencia, donde, según todos los indicios, el proceso se dilató a lo largo de todo el año 1932[36]. Se trabajó, además, con tal grado de efectividad que llegó a contarse con al menos setenta y nueve Juntas parroquiales diseminadas a lo largo y ancho del por otra parte reducido territorio diocesano, lo que significaba haber cubierto esta básica necesidad en más del 80% de las parroquias que a la sazón componían el territorio diocesano[37]. Fue más, bastante más, de lo que pudo conseguirse en las diócesis de Palencia o Ciudad Rodrigo, pese a no ser en ellas donde menos resultados se obtuvieron, y creemos que hechos tales no fueron ajenos a la decisión y compromiso con la causa que mostró desde el principio un arzobispado que no en vano tenía como titular a Remigio Gandásegui, tan buen conocedor de la situación y necesidades materiales del clero como revela su participación en la comisión encargada de negociar el aumento de los haberes del clero ante los gobiernos de la Monarquía[38]. En esa dirección apuntan cuando menos iniciativas tales como la decisión de que el envío de los nombres propuestos para formar parte de las mencionadas Comisiones parroquiales no se prolongara más allá de una semana[39], lo que a buen seguro debió influir en el ánimo y buena disposición de las autoridades parroquiales.
Se trataba de Juntas que en cada caso presidía el correspondiente párroco y en las que se integraban cuatro seglares varones cuyo nombramiento, oficialmente debido al propio Arzobispo, se hizo conforme a un modelo que llevaba fecha de 2 de enero de 1932[40]. Serían cuatro, ni uno más ni uno menos, ya que ni se jugó aquí con el modelo de horquillas que sí se empleó en otras diócesis[41] ni existió voluntad de transigencia con los incumplimientos, lo que a nuestro juicio es prueba de la determinación con que se pretendió actuar. Al fin y al cabo las escasas ocasiones en que nos consta que no se cumplió a rajatabla con lo decidido en el Palacio Arzobispal no fue precisamente por limitaciones/carencias tipo las que en algunas de las parroquias de la diócesis de Ciudad Rodrigo impidieron hacerse con el mínimo de personas que establecía el correspondiente reglamento[42]. La situación aquí era exactamente la contraria, por lo que el párroco de Santiago (Valladolid) decidió hacer una propuesta con cinco nombres[43] y su homólogo de Bercero llegó a incluir hasta seis nombres en la lista enviada a la capital. Algo, esa demasía de personas interesadas en colaborar, que también nos consta se dio en ciertas parroquias pertenecientes al territorio diocesano de Palencia, donde llegaron a constituirse Juntas de hasta quince miembros sin que la autoridad diocesana diera muestras de incomodidad[44]. En el caso de Bercero, sin embargo, la respuesta fue un tajante decida quienes son los cuatro de su preferencia[45] que no dejó dudas sobre la firmeza en el cumplimiento de lo acordado.
Mucho menos intensa resultó la movilización femenina medida en términos de colaboración digamos institucional con la «Obra Pro Culto y Clero». La opción estuvo ahí desde el principio. Ya en la «Alocución sobre el sostenimiento del Culto y Clero» publicada el 21 de diciembre de 1931 se contempló la posibilidad de crear Juntas femeninas en el marco de las parroquias y al amparo —que no en paralelo— de las constituidas por el elemento masculino dada su consideración de «Juntas auxiliares»[46]. Muy lejos, sin embargo, de expandirse a lo largo y ancho de la geografía diocesana, tal y como ocurrió con las integradas por hombres, las Juntas femeninas resultaron un fenómeno tan circunscrito a nivel espacial que no hubo sino cuatro localidades —Boadilla del Campo, Camporredondo, Pozaldez y Viana de Cega— en las que llegó a contarse con sendas Juntas de caballeros y señoras, que nunca solo de señoras pese a que en Viana de Cega fueron ellas las primeras en organizarse. Femenina es de hecho la primera junta que se envía a la capital diocesana el día 21 de diciembre de 1931[47]. Tres días más tarde, sin embargo, se nombró una junta de caballeros, pasando la de señoras a la categoría de «Junta Auxiliadora»[48]. Son cifras incluso inferiores a las registradas en las vecinas diócesis de Palencia y Ciudad Rodrigo pese a que tampoco en ellas se logró más que una muy discreta movilización femenina[49].
Tan reducida presencia de mujeres en el entramado institucional de la financiación eclesiástica, bien poco compatible a priori con el superior compromiso que suele atribuirse al elemento femenino, adquiere especial relevancia ahora que la conocida tesis de la feminización de la religión[50] es objeto de debate internacional, introduciéndose matizaciones de alguna envergadura mediante el recurso a la diferenciación de planos[51] que tan fácil aplicación tiene a nivel espacial.
Ciertamente no es lo mismo hablar de prácticas litúrgicas tales como el precepto pascual, que las mujeres cumplían en los años treinta del siglo pasado en mucha mayor medida que los hombres tanto en la capital tarraconense como la provincia zamorana y en las más pequeñas parroquias de la diócesis segoviana, por no citar sino ejemplos bien conocidos[52], que hacerlo de ese plano más político-institucional al que de alguna forma pertenecían las Juntas parroquiales, y en el que se estuvo lejos de conseguir una efectiva integración de las mujeres. A ello debió contribuir el retraimiento de las propias implicadas, más acostumbradas a la acción individual y el ámbito de la sociabilidad informal pero también, sobre todo a juzgar por los datos a nuestro alcance, debido a los inconvenientes de género que tan meridianos emergieron a la hora de poner en marcha el proyecto de la nueva organización económica diocesana.
No podía ser de otra forma habida cuenta la mentalidad del momento en general y de la institución eclesiástica muy en particular, pero lo cierto es que la preferencia por los hombres fue más allá de la consideración de Juntas auxiliares que con carácter general se dio a las entidades femeninas. En ese sentido apuntan cuando menos hechos como los acaecidos en Alaejos, cuyo Párroco evacuó consulta el día 21 de diciembre sobre la posibilidad de nombrar señoras en lugar de hombres argumentando que entre estos últimos «todos están ocupados y fácilmente sus gestiones serán nulas». Desconocemos el texto exacto de la respuesta pero el cariz de la misma se hace patente tras saber que una semana después se puso en conocimiento de la autoridad diocesana una Junta masculina[53].
Otra cosa es que su contribución se realizara al margen de esos cauces más oficiales y en consonancia con las pautas de actuación que transmitiera el Arzobispo Gandásegui en diciembre de 1931, situando a las mujeres en el desempeño de tareas tales como el «sostenimiento de la lámpara del Santísimo, del cuidado del altar, de la limpieza y arreglo de los ornamentos, etc, etc»[54].
2.2. La disponibilidad económica de la Junta Central Diocesana
La respuesta que tuvo el llamamiento a la formación de Juntas, aún con las dificultades que pusieron de manifiesto algunos párrocos, daba pie a la esperanza. La existencia de Juntas parroquiales en la inmensa mayoría del territorio diocesano, por encima incluso de las cifras mencionadas ya que estando recogidos los datos en forma de simples anotaciones individuales hay que contar con la posibilidad de que se haya producido algún extravío, significa que al menos cuatro familias del lugar estaban dispuestas en cada caso a trabajar por el sostenimiento de la Iglesia.
Ellos, junto con el personal eclesiástico local, serían los abanderados de una movilización ciudadana merced a la cual la Diócesis pudo contar en 1932 con 78.787 pesetas procedentes de las colectas realizadas a lo largo del año en las diferentes parroquias y con nada menos que 327.550,15 pesetas fruto de las suscripciones que realizó el conjunto de la feligresía. Era un comienzo de lo más prometedor; pero tan exitosas cifras no estaban llamadas a repetirse. Solo un año después, las suscripciones experimentaron un considerable descenso, imposible de compensar con la subida que sí se dio en el producto de las colectas, por lo que el resultado conjunto entraba en una dinámica a la baja que apenas si pudo contenerse en 1934 y se manifestó con toda crudeza al llegar el año 1935 (cuadro 1), no siendo mejores las perspectivas que al respecto se tenían en abril de 1936, cuando la Comisión designada por la Junta Diocesana para examinar y dar su dictamen a las cuentas del año anterior se hacía eco de una situación caracterizada por «el deplorable estado político-social de nuestro país, el ambiente de incertidumbre, el precario estado de la economía privada, y la perspectiva de una desastrosa cosecha»[55].
Cuadro 1
Ingresos de la junta central diocesana con expresión de año y concepto
(*) Ingresado por las colectas extraordinarias de 1931.
(**) De ellas, 20.520 ptas. correspondientes al «subsidio que entregó el Estado para los sacerdotes con cargo, mayores de 50 años»
(***) De ellas, 97.288,78 ptas proceden del «haber pasivo señalado para esta Diócesis.
Fuente: «Junta Central Diocesana Pro Culto y Clero. Valladolid. Memoria del Tesorero de la misma correspondiente al año 1932, 1933, 1934 y 1935». AGDVA, Fondo de Curia, cajas 730-733.
En esas circunstancias, habida cuenta que las mencionadas partidas constituían el núcleo fundamental de los ingresos, la principal vía por la que el volumen total de los mismos pudo mantenerse al alza durante los años 1933 y 1934 fue, paradójicamente, la financiación estatal; esto es, las 20.520 pesetas que fueron entregadas en concepto de «subsidio (…) para los Sacerdotes con cargo, mayores de 50 años» durante el año 1933 y las 97.288,78 pesetas que se recibieron al año siguiente como «haber pasivo señalado para esta Diócesis»[56].
Unas crecientes dificultades para mantener la implicación de los fieles en el nivel de los primeros tiempos que la Junta Diocesana consideró fruto combinado de diversas variables, entre las que una y otra vez destacó las dificultades económicas que atravesaba buena parte de la sociedad vallisoletana pero también el clima de «indiferencia religiosa» que a su juicio existía en no pocos pueblos de la diócesis[57], sin olvidarse de mencionar —y con carácter prioritario en 1934— el efecto producido por la Ley de Haberes pasivos aprobada en abril de ese año ya que creó —según los responsables diocesanos— la falsa sensación de que «el Clero estaba suficientemente dotado, o por lo menos, como antes de la supresión del Presupuesto eclesiástico»[58].
No se trata de restar importancia a unas dificultades económicas que, más allá del papel que quisiera concederlas el encargado de redactar la Memoria de referencia, estaban en el ADN de una sociedad eminentemente agrícola cuyas debilidades estructurales no dejaron de verse agravadas durante el quinquenio republicano. Quedarse, sin embargo, en consideraciones de esta naturaleza a la hora de explicar las dificultades para procurarse el sustento que denunciaron algunos párrocos y debieron de sufrir bastantes más, es olvidar que ni el territorio dejó de albergar comportamientos eminentemente alejados de la ortodoxia católica ni se vio libre de manifestaciones anticlericales. Nada hace pensar que las actitudes de los vallisoletanos fueran substancialmente diferentes de las que declaraba su entorno geográfico más próximo en la encuesta de religiosidad de 1936[59], siendo la ciudad del Pisuerga el lugar desde el que en 1933 se solicitó —y consiguió— la consagración de la iglesia de San Esteban como Santuario Nacional de la Gran Promesa del Sagrado Corazón[60]. La ciudad también en la que cuatro mil feligreses asistían ese año 1933 al novenario dedicado a la Virgen del Carmen en la iglesia de San Benito[61]. La secularización, sin embargo, avanzaba imparable en algunos municipios del sudoeste diocesano como Castrejón de Trabancos, Carpio o Medina del Campo, donde se alcanzaron niveles de incumplimiento pascual superiores al 50% ya en tiempos de la monarquía[62]. Actitudes de signo anticlerical hubo, por su parte, tanto en Fuensaldaña como en Bercero y El Campillo, además de la propia capital[63]. Las circunstancias políticas se esgrimieron también en Camporredondo[64] lo mismo que en San Miguel del Arroyo, donde el párroco detectaba en los fieles esa «falta de interés» que presumimos más generalizada. Prueba, en fin, de la animadversión que despertaban en determinados círculos capitalinos esas «demostraciones multitudinarias de fuerza católica» en que una y otra vez se convertían las festividades religiosas fueron iniciativas como las consignas dadas a los cofrades participantes en la Semana Santa de 1935[65] para «defenderse con los hachones en caso de que fueran agredidos», lo que, a su vez, haría entrar en juego un nuevo elemento de juicio: ese temor cobarde al que se refería Diario Regional para explicar en 1932 el hecho de que «no todos los balcones de los pisos habitados por familias católicas ostentaban colgaduras con motivo de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús»[66].
Por una cosa o por otra, cuando no inextricable mezcla de todas ellas, lo cierto es que la autoridad eclesiástica hubo de ver, y de forma menos anecdótica de lo que pudiera parecer, como «cuando ocurre el fallecimiento, sobre todo de alguna suscritora (sic), la familia aprovecha esta triste oportunidad para darse de baja, o disminuir notablemente su aportación. Lo mismo ocurre con ocasión del cambio de domicilio de una Parroquia a otra, pues generalmente son baja en la primera y no se suscriben en la nueva»[67].
La preocupación, en consecuencia, iba «in crescendo». Y más teniendo en cuenta la evolución que, a su vez, experimentaron los gastos.
1933 fue un año de real y efectiva contención, como no podía ser de otra forma dada la drástica reducción que para entonces había sufrido la dotación eclesiástica ya incluida en los presupuestos del Estado como «Obligaciones a extinguir». El recorte se hizo por demás evidente en el capítulo de obras ya que, tras haber finalizado la construcción de la Iglesia de San Juan de la capital vallisoletana el año anterior, en el que también se procedió a instalar altavoces en la Catedral[68], en ese momento no se harían sino pequeñas reparaciones, de tan escasa entidad como demuestra el que con las apenas 10.774,52 pesetas destinadas al efecto (cuadro 3) pudieran cubrir «en general, todas las peticiones que se han hecho a la Junta»[69].
Las economías fueron muchas, pero no pudieron aplicarse sin más al conjunto de los asientos contables. No pudo hacerse, de manera muy especial, con el capítulo dedicado al sostenimiento del culto y personal eclesiástico, al que todavía durante el año 1932, desde abril de ese año para ser más exactos, el Gobierno había seguido pagando una significativa parte de los emolumentos: la mitad de los que cobraban hasta entonces tanto los prelados y el clero catedralicio como los párrocos de término y ascenso, el 70% en el caso de los párrocos de entrada y el 80% en el de los párrocos rurales y coadjutores «de cualquier categoría»[70]. Ahora, en cambio, reducida la aportación estatal a la mínima expresión y en forma de subsidio solo para quienes en 14 de abril de 1931 ocupaban cargos en propiedad y a la sazón habían cumplido los cincuenta años de edad —apenas 69 personas a fecha 19 de enero de 1933[71]— no quedaba sino el recurso a los fondos de la propia Junta Diocesana, de los que ese año hubo que detraer 337.750,31 pesetas para mantener el Culto y Clero tanto en la Catedral como en el conjunto parroquial (cuadro 2).
Cuadro 2
Gastos de la junta central diocesana con expresión de concepto y año
Fuente: «Junta Central Diocesana Pro Culto y Clero. Valladolid. Memoria del Tesorero de la misma correspondiente al año 1932, 1933, 1934 y 1935». AGDVA, Fondo de Curia, cajas 730-733.
Tan importante desembolso no impidió que la cuenta global de resultados pudiera mantenerse en cifras de gasto sensiblemente inferiores a las registradas el año anterior, pero la tendencia se revertiría ya en 1934, consolidándose la paulatina crecida del gasto al llegar el año 1935, sin que podamos precisar el concreto aporte de la mencionada partida al no contar con datos desglosados para esa fecha (cuadro n.º 2).
Aun así, puesto que los gastos nunca se acercaron siquiera al nivel de los ingresos obtenidos, siempre pudo contarse con un remanente más o menos importante. La realidad fue, incluso, más positiva de lo que a simple vista pudiera parecer ya que el sistema de contabilidad empleado permitió incluir entre los gastos cantidades que no eran sino meras transferencias a alguna cuenta bancaria o inversión en activos financieros[72], por lo que su cartera de valores tampoco dejó de crecer (cuadro n.º 3).
Cuadro 3
Clasificación de los valores pertenecientes a la obra diocesana pro culto y clero según el balance de los años 1932-1935
Fuente: «Junta Central Diocesana Pro Culto y Clero. Valladolid. Memoria del Tesorero de la misma correspondiente al año 1932, 1933, 1934 y 1935». AGDVA, Fondo de Curia, cajas 730-733.
2.3. Las deficitarias realidades parroquiales
Viendo la favorable situación económica que, pese a todo y siquiera en términos relativos[73], vivió la Junta Central Diocesana, cuesta creer que hubiera parroquias incapaces de mantenerse por sí mismas. Y, sin embargo, la Memoria que redactara el Tesorero de la mencionada Junta para el ejercicio de 1932 no dejaba lugar a dudas. Ni siquiera la mitad de las parroquias existentes en la Diócesis habían logrado recaudar lo necesario para su propio sostenimiento, siendo realmente pocas —apenas las quince radicadas en la capital— las que habían conseguido un superávit digno de mención. El panorama era tal que, de no darse un cambio drástico en la relación ingresos/gastos —advertía el Tesorero— «no alcanzará desde luego en la mayoría de ellas, incluso en dos o tres de la Capital, a cubrir los gastos de la nueva organización económica que se ha dado para este año»[74].
Así sería, ciertamente. El déficit llegará en 1933 a las parroquias capitalinas de la Victoria y el Carmen (Delicias), acusándose con carácter general un descenso tan considerable en la recaudación que la existencia de «bastantes pueblos» en los que sí aumentó el producto de colectas y suscripciones no fue suficiente para enjugar las pérdidas globales[75].
Y, lejos de remitir, el deterioro no hizo sino agudizarse en años posteriores. Las caídas afectaron en 1934 al conjunto de las parroquias capitalinas, manifestándose con especial intensidad allí donde más se venía contribuyendo hasta la fecha[76], aunque todavía dos tercios de las mismas lograron cubrir gastos sin mayor problema, «con creces» fue la expresión que empleó el Tesorero de la Junta Central Diocesana en el momento de redactar la correspondiente memoria. Peor suerte corrieron las parroquias rurales, víctimas de tan generalizado descenso en el nivel de sus ingresos que no llegó ni a la veintena el número de parroquias que lograron escapar a esta tendencia[77]. Alguna incluso mereció la pública felicitación de la Junta Central Diocesana por el avance experimentado respecto al año anterior, pero ni siquiera ellas pudieron dejar atrás la situación de déficit presupuestario. Eso era ya un privilegio al alcance de muy pocos —apenas dos parroquias rurales en este momento— y como tal se mantendrá en 1935, sin más modificaciones de hecho que sustituir los nombres de Robladillo y Santiago del Arroyo por los de Portillo y Los Evanes[78].
No ha de extrañar, en consecuencia, que la clasificación de las parroquias acabara haciéndose en función del mayor o menor porcentaje de gastos que lograban cubrir en cada ejercicio. Y los resultados hablaron por si solos aun a pesar del aumento que experimentó en 1935 el número de casos cuya realidad desconocemos (cuadro 4). Ese año, último para el que se tienen datos, no solo se produjo un considerable retroceso en la cifra de parroquias que lograron el ansiado equilibrio presupuestario, sino también en la de aquellas que se quedaron a menos distancia de conseguirlo, reforzándose en cambio las correspondientes a la práctica totalidad de los intervalos situados tanto en la parte media de la tabla como en su tramo inferior (cuadro 4).
Cuadro 4
Porcentaje de gasto que logran autofinanciar las parroquias vallisoletanas en los años 1934 y 1935
Fuente: Elaboración propia sobre datos AGDVA. Fondo Curia, cajas 732 y 733.
De ahí que la siquiera relativa complacencia que se respiraba en la Junta Central Diocesana en los primeros tiempos, mientras el resultado obtenido en las recaudaciones pudo calificarse de «lisonjero»[79], se transformara con el paso del tiempo en creciente desasosiego del que no lograron desprenderse ni con alusiones a las justificadas razones que en ocasiones explicaban el déficit[80], ni expresando su convencimiento en la responsabilidad de los párrocos, de quienes se afirmaba en 1933 que «van entrando de lleno en esta obra, por lo menos en cuanto a liquidaciones y presentación de cuentas se refiere»[81]. Por eso al llegar el año 1935 ya se plantearon abiertamente la adopción de medidas concretas: la conveniencia de dirigirse mediante circular a cada uno de los sacerdotes para indicarles no solo la concreta situación financiera de su respectiva parroquia, sino también, sobre todo en lo que a nosotros se refiere, para «anunciarles que, de seguir este camino, necesariamente habrá que modificar la organización económica, verdaderamente privilegiada, que hasta ahora han venido disfrutando». No era una decisión ya tomada puesto que «La Junta —concluyen— decidirá lo que mejor estime sobre este punto»[82], pero alerta sobre las posibilidades que se barajan.
2.4. La redistribución de fondos
Aunque sujeta a directrices de carácter general, la «Obra Pro Culto y Clero» adoptó formatos parcialmente diferentes según se tratara de unas u otras diócesis. Afectaban las diferencias a los más variados planos, siendo uno de los más significativos el referido a la administración de los fondos recaudados. Existieron al respecto dos grandes modelos de actuación que, dotados a su vez de no pocas variantes, condujeron a una realidad de mixtura ciertamente diversificada.
El primero de ellos, de base individualista y naturaleza descentralizadora, consideraba a cada una de las parroquias cual unidades financieras independientes, dueñas de los fondos recaudados en el territorio de su jurisdicción que, por ello mismo, se destinarían al mantenimiento de su propio culto y sostenimiento del personal eclesiástico que lo atendiera. Sería ese «que cada pueblo pague a su cura» que se decía en Navarra[83] según el cual solo después de que estas necesidades estuvieran debidamente cubiertas cabría pensar en la entrega de alguna cantidad al erario diocesano con la que hacer frente a los gastos generados en este ámbito. El modo de realizar esta contribución también respondió a fórmulas diferentes, pudiendo hacerse mediante un porcentaje del superávit —que era de un 100% en lugares como Burgos[84] y del 50% en el caso de la diócesis segoviana[85]— o a través de un canon fijo establecido sobre el total de lo recaudado —el 10% en el caso de Palencia, donde además se entregaba a la Junta Diocesana el 15-85% del sobrante que pudiera tenerse según se tratara de parroquias situadas en el ámbito rural o en el perímetro urbano[86]—. Cupo incluso la posibilidad de un sistema de tributación progresiva, que gravara más a las parroquias más populosas y, por ende, con mayor capacidad económica, según se hizo en la diócesis de Ciudad Real[87].
En el extremo contrario, un modelo hecho de solidaria centralización ponía a disposición de la Junta Diocesana la totalidad de lo recaudado por suscripciones y colectas en cada una de los lugares, procediéndose después a una redistribución equitativa de los fondos, que permitiría atender esa especie de servicios generales que venían representados por el Seminario, Curia y Cabildo al tiempo que cubrir las necesidades particulares, una parte proporcional de las mismas cuando menos, anulando las diferencias internas que de otra manera no podrían evitarse.
Por él se decantaron, que sepamos, tanto el Obispo salmanticense[88], cuanto ese Remigio Gandásegui que, fiel a las directrices de la propia Conferencia de Metropolitanos, apostaba en diciembre de 1931 por «evitar la abundancia de unas parroquias y la escasez de otras»[89]. Encaraba así una situación diocesana hecha de tan profundos desequilibrios que mientras —ya lo hemos dicho— el 46,24% de las parroquias no llegaba a cubrir gastos con los ingresos procedentes de suscripciones y colectas, las capitalinas parroquias de San Esteban, La Antigua, San Andrés y San Miguel cerraron el ejercicio de 1932 con un superávit global que equivalía a casi el 17% de todo lo ingresado en el conjunto de la diócesis[90].
El resultado, salvo excepciones[91], fue que, lejos de introducir una nueva línea de división interna en el ya de por sí heterogéneo clero parroquial, la mayor o menor dadivosidad de la feligresía no repercutió de manera directa sobre los haberes del mencionado colectivo, cuyos miembros recibían de la Junta Diocesana Pro Culto y Clero una cantidad fija en concepto de asignación mensual que tenía en cuenta no el volumen de lo recaudado en el marco de cada parroquia, sino los tradicionales criterios de jerarquía personal y parroquial, esto es, que se fuera párroco o coadjutor y se perteneciera a un curato rural, de entrada, ascenso o término.
A esta última categoría pertenecía el grueso de las parroquias existentes en la capital diocesana, por lo que sus titulares, al igual que los correspondientes a Nava del Rey, Santa María de Tordesillas, Valdestillas y tanto la parroquia de San Antolín como la de San Miguel, ambas situadas en Medina del Campo, recibieron los mayores estipendios (179 pesetas al mes) que consignara la mencionada Junta diocesana en 1933 (cuadro 5) , una vez superados los efectos distorsionantes que el año anterior tuviera la existencia de subsidios con cargo al presupuesto estatal diferenciados en función de la situación sacerdotal y cuando ya la aportación del Estado tenía carácter meramente testimonial.[92] En los escalones inmediatamente inferiores se situaban las dieciséis parroquias, incluida la capitalina de La Victoria, cuyo titular cobraba 160 pesetas al mes y las treinta y seis que tenían asignadas 152 y entre 135 y 142 pesetas/mes. Por debajo de esas cantidades se encontraban otras dieciocho parroquias cuya situación, plena de diversidad, variaba entre las 121,60 pesetas que tenían adjudicadas los párrocos de Aldea de San Miguel, Renedo, San Miguel del Pino y Villavieja y las apenas veinticinco pesetas que recibían los de Brahojos, Los Evanes o Herrera de Duero (cuadro 5).
Cuadro 5
Cantidades que entrega la Junta Central Diocesana Pro Culto y Clero a las parroquias de la diócesis en concepto de personal. Año 1933
Fuente: Elaboración propia sobre AGDVA Fondo de Curia, caja 731.
Desconocemos las cantidades exactas que cobraron del Estado hasta que en marzo de 1932 el gobierno Azaña decidió rebajar el sueldo del clero parroquial hasta el 50%,70% u 80% de lo que cobraban en 1931 según fueran párrocos de término y ascenso, pertenecieran a la categoría de párrocos de entrada o sirvieran en parroquias rurales[93]. Ignoramos, en consecuencia, si el volumen de los emolumentos que librara la Junta Diocesana Pro Culto y Clero alcanzaba esos niveles del pasado que tan criticados, por decididamente insuficientes, fueron en su momento y tan anhelados acabaron siendo en los agitados años del quinquenio republicano. Está claro, en cualquier caso, que las mencionadas cifras de 1933 eran homologables a las cantidades que a comienzos de 1932 declaraban recibir del Estado los responsables de parroquia en la diócesis de Ciudad Rodrigo[94] y estaban muy por encima de las previstas en la ley de haberes pasivos del clero que aprobaron las Cortes en abril de 1934. Se llegó a esta tras una importante labor parlamentaria, en la que jugó un papel fundamental el palentino Abilio Calderón, consiguiéndose que el proyecto remitido por el gobierno Lerroux fuese modificado en el sentido de contemplar la aprobación de un subsidio que llegara a la totalidad del clero parroquial que tuviera cargo en propiedad a la altura de 1931 así como a los miembros del catedralicio cuyo sueldo no excediera en esa fecha la cantidad de 7.000 pesetas anuales[95].
No era ninguna vuelta al pasado. Más bien al contrario si tenemos en cuenta la contundencia con que el primer partido del gobierno se resistía en el Parlamento a considerar el subsidio como reconocimiento a un supuesto derecho adquirido tal y como pretendían los grupos más conservadores, abogando en cambio por entenderlo cual graciosa concesión de la autoridad competente[96]. Tampoco en términos económicos era equiparable a los antiguos estipendios ya que ascendía a solo dos tercios de lo que cada beneficiario cobraba en 1931. Eso en teoría porque las dificultades del erario público obligaron a truncar la cantidad global destinada a este fin y los 16.500.000 pesetas con los que finalmente pudo contarse, aunque eran dos millones más de los inicialmente previstos, resultaron a todas luces insuficientes por lo que, efectuado el necesario prorrateo, cada beneficiario recibió en la práctica cantidades muy por debajo de aquellas a las que oficialmente tenía derecho, y que no se irían aumentando sino con el paso del tiempo, esto es, a medida que la naturaleza cumpliera su función y pudiera contarse con el dinero de las bajas que se fueran produciendo. A la hora de la verdad, el dinero librado para los sacerdotes que prestaban servicio en las diferentes parroquias vallisoletanas quedó como se indica en el cuadro 6.
Cuadro 6
Asignación establecida para las diferentes categorias de clero parroquial con derecho a pensión en el año 1934
Fuente: AGDVA Fondo de Curia, caja 732.
Cosa muy diferente es que el arzobispado decidiera completar el sueldo de su clero parroquial, haciendo que la Junta Diocesana Pro Culto y Clero mantuviera la asignación de emolumentos a este colectivo en similares niveles a los que hemos detallado para el año 1933. Algo vinculado a la existencia de una cierta disponibilidad económica al tiempo que congruente con la personalidad de quien a la sazón dirigía la diócesis: ese arzobispo Gandásegui, pieza fundamental en la Iglesia española del momento en cuanto que miembro de la Junta Delegada del Real Patronato Eclesiástico entre 1924-1930 y de la Conferencia de Metropolitanos españoles entre 1921-1937[97], siempre preocupado por la situación material del clero, destacando la labor en pro de su dignificación económica que llevó a cabo como senador por la provincia eclesiástica de Valladolid primero y ante la Asamblea Nacional que reuniera Primo de Rivera después[98].
A modo de conclusión
Siempre hablando en términos relativos y por comparación a lo ocurrido en el entorno más próximo, la «Obra Pro Culto y Clero» contó en la diócesis vallisoletana con un superior entramado organizativo, establecido al menos con carácter formal en la práctica totalidad de las parroquias, aunque con la limitación de no alcanzar al elemento femenino sino de manera mucho más tangencial que en otras diócesis de la región. También parecía desprender fortaleza en el plano financiero. No en vano fue el arzobispo Gandásegui el primero en enviar su óbolo para contribuir a los gastos de la Junta sacerdotal que actuó en Madrid defendiendo el mantenimiento de los haberes eclesiásticos[99] y sería de las pocas —la única del ámbito castellanoleonés junto con Salamanca— que no solicitó ayuda a la Junta Nacional Pro Culto y Clero en 1934[100]. Ciertamente gozó de la desahogada situación que demuestra el que los párrocos pudieran mantener un nivel de emolumentos hipotéticamente similar al que tenían con anterioridad al cambio de régimen, sin que el paso del tiempo y la consecuente acumulación del gasto, obligara a modificaciones substantivas en este sentido. Y eso que la respuesta ciudadana, aun siendo más madrugadora y positiva que en otras diócesis del entorno castellanoleonés, acusó limitaciones de alguna envergadura. Tanta que solo algunas parroquias, siempre una parte minoritaria de las mismas, fueron capaces de conseguir los fondos necesarios para cubrir sus propios gastos. El ideal de autofinanciación no solo resultó auténtica utopía sino que estuvo más y más lejos de lograrse con el paso de los años y a medida que la concienciación ciudadana perdió intensidad. El equilibrio presupuestario siguió dependiendo de las aportaciones estatales que, pese a todo, siguieron produciéndose.
Fuentes
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Archivo Diocesano de Ciudad Rodrigo (ADCR).
Archivo Diocesano de León (ADLE)
Archivo Diocesano de Palencia (ADPA)
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Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Burgos (BEABU)
Boletín Eclesiástico Oficial del Obispado de Palencia (BEOPA)
Boletín Oficial del Obispado de Salamanca (BOOSA)
Boletín Oficial del Obispado de Segovia (BOOSE)
Boletín Oficial del Obispado de Zamora (BOOZA)
Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valladolid (BOEAVA)
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Financiación
Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto «El factor católico y la libertad de pensamiento en las guerras culturales de la Europa occidental contemporánea (1789-1989): perspectiva comparada, transnacional y de género». PID2022-136299NB-I00.
Datos de la autora
M.ª Concepción Marcos del Olmo es Profesora Titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Valladolid. Ha sido Coordinadora del Grado en Historia entre 2014 y 2018 y también directora de la revista Investigaciones Históricas (2012-2017). Ha sido Investigadora Principal del Proyecto «Modernización, cultura política y movilización ciudaddana en Castilla y León, 1931-1933». ( HAR2011-23994) y también del titulado «Discursos y prácticas en torno a la religión en tiempos de radicalismo político: España 1820-1823; 1868-1874 y 1931-1936. Una perspectiva comparada» (HAR2017-88490-P). En la actualidad dirige como Investigadora Princicapal 1 el Proyecto «El factor católico y la libertad de pensamiento en las guerras culturales de la Europa occidental contemporánea (1789-1989): perspectiva comparada, transnacional y de género» (PID2022-136299NB-I00). Entre sus últimas publicaciones destacan los artículos «En torno a la feminización de la religión en tiempos de la Segunda República. Una mirada desde el territoiro castalleno y leonés», en Arenal. Revista de Historia de las Mujeres, vol 29, n.º 2 (2022), pp. 619-647 y «El impacto de la poltítica laicista republicana en la secularización de las conciencias: el cumplimiento pascual en la España de 1931-1936», en Revista Portuguesa de Historia, n.º 53 (2022), pp. 117-138. También la coordinación de la monografía Religión y poder en España y la Europa del Sur. Discursos, movilización y conflicto político-religioso (1820-1936), Granada, Comares Historia, 2022.
Resumen
Main Text
1. En defensa del presupuesto estatal
2. Hacia un nuevo modelo de financiación eclesiástica
2.1. La constitución de Juntas parroquiales
2.2. La disponibilidad económica de la Junta Central Diocesana
2.3. Las deficitarias realidades parroquiales
2.4. La redistribución de fondos
A modo de conclusión
Fuentes
Bibliografía
Financiación
Datos de la autora