Introducción

Por primera vez en la historia de México un juez dictó sentencia en contra de un militar por ejecuciones extrajudiciales. El caso fue acompañado por la ONG Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos y el fallo, que fue dictado el 20 de julio de 2015 en el Estado de Nuevo León, marca un precedente fundamental en contra de la impunidad frente al asesinato de civiles por parte de la fuerza pública. Lo anterior es relevante si consideramos la deuda histórica del Estado mexicano frente al enjuiciamiento de militares por graves violaciones de derechos humanos, que ha sido confirmada con los trágicos y emblemáticos casos de Tlataya en el Estado de México e Iguala en Guerrero durante el 2014¹. Estos hechos han tenido una respuesta de indignación y protesta nacional que ha activado mecanismos de presión internacionales. En este sentido, diversos informes de organismos y relatores internacionales concluyen que México vive una grave crisis de derechos humanos caracterizada por la generalización de la desaparición forzada, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, tortura, privaciones arbitrarias de la libertad, desplazamiento forzado interno, violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas y una alarmante impunidad y falta de acceso a la justica en todo el territorio federal (CIDH, 2015).

A pesar de la crudeza de las cifras que se dispararon luego de la implementación de la estrategia militar de lucha contra el crimen organizado por el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012), fue solo hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que se generó un episodio visible de crítica, presión social y política nacional e internacional en materia de derechos humanos (Gallagher, Martínez y Ruiz, 2016; Hincapié y López Pacheco, 2016). Precisamente, las protestas desatadas por los trágicos hechos de Ayotzinapa pusieron en evidencia un nuevo ciclo de movilizaciones y activismo por la defensa de los derechos humanos en México, donde los actores locales y regionales han sido fundamentales para denunciar y confrontar de manera novedosa las diversas violencias que se viven en el territorio mexicano (Hincapié y López Pacheco, 2016).

Contrario al énfasis dado en la literatura a los actores de la capital del país o las redes transnacionales, en este artículo argumentamos que las ONGs de derechos humanos locales y regionales han generado desde 2007 un proceso de articulación que les ha permitido visibilizar, tanto nacional como internacionalmente, el drama humanitario por las violaciones de derechos humanos, provocando un cambio respecto a la trayectoria histórica de preponderancia en la defensa de los derechos humanos de las organizaciones de la capital del país. La presión impulsada por las organizaciones locales y regionales ha fortalecido las denuncias sobre la impunidad y las graves violaciones a los derechos en todo el territorio mexicano, ganando centralidad tras el episodio nacional de protesta por los estudiantes muertos y desaparecidos de Ayotzinapa. El artículo tiene un doble objetivo: por un lado, contribuir a las discusiones académicas en torno a la movilización experta en defensa de los derechos humanos y los vínculos estratégicos que ésta puede establecer con las víctimas; y, por otro, aportar una descripción y explicación de las prácticas novedosas en el contexto mexicano de las ONGs locales, destacando sus estrategias de movilización de recursos informacionales y de solidaridad con las víctimas para posicionar demandas compartidas frente a la violencia.

Primero planteamos cómo la literatura descuida el análisis de la movilización de las organizaciones locales defensoras de derechos humanos y los retos analíticos que esto implica. Segundo, explicamos los tres niveles de análisis en el que identificamos las prácticas de las organizaciones locales frente a la crisis de violencia y que redefinen el campo de la defensa de los derechos humanos en México. Finalmente, extraemos conclusiones en torno a las estrategias regionales de defensa de los derechos humanos que se han posicionado en México en los últimos años.

Las estrategias locales de movilización en la defensa de los derechos humanos

Un consenso en la literatura que estudia la acción colectiva de defensa de los derechos humanos es aquel que plantea que el derecho internacional de los derechos humanos ha brindado estructuras de oportunidad, recursos, marcos y espacios de identidad a la acción colectiva (Risse, Ropp y Sikkink, 2013; Simmons, 2009; Tsutsui, Whitlinger y Lim, 2012). Dada la centralidad de las ONGs en la defensa de los derechos humanos, el marco teórico de la redes de presión transnacional suele enfocarse en el trabajo de las organizaciones que definen como gatekeepers; es decir, las organizaciones que conectan demandas nacionales con actores internacionales dado que tienen mayor capacidad de movilizar recursos económicos, generar contactos y, de una u otra manera, “certificar los reclamos en derechos humanos” (Bob, 2010; Carpenter 2007; Keck y Sikkink, 2000). Este indicador de la movilización debe ser relativizado, de acuerdo al rol que puedan adquirir las organizaciones en relación a las demandas sociales y cómo sus repertorios de acción se conectan o vinculan con las exigencias y acciones de otro tipo de actores (Franklin, 2014).

Cuando los actores colectivos, cualquiera que sea la causa por la que se movilizan, quieren hacer escuchar sus reclamos pueden tomar diferentes vías, una de ellas y la más típica de los movimientos sociales son las protestas callejeras en masa, bajo eslóganes de unidad y confrontación; este es, precisamente, un repertorio clásico de los movimientos sociales y, también, de los movimientos de víctimas. Las estrategias que siguen los actores colectivos de apelar a repertorios como las marchas están relacionadas con el régimen político y las oportunidades que encuentran para impulsar sus reclamos. En este sentido, las estrategias colectivas pueden variar para un movimiento de derechos humanos típico de los procesos de transición a la democracia, en comparación con un movimiento que se desarrolla bajo marcos institucionales de democracias procedimentales con espacios de intermediación y de presión nacional e internacional institucionalizados (Martí i Puig, 2014; Sikkink, 2011).

El activismo por los derechos humanos se desarrolla a la par de un paradójico proceso de institucionalización de estos derechos, en el que los actores colectivos necesitan, cada vez más, de un conocimiento experto y recursos para llevar adelante sus causas por canales institucionales (López Pacheco e Hincapié, 2015; Santamaría y Vecchioli, 2008; Stammers, 2009). Esto es, la movilización por los derechos humanos y las víctimas se inscribe en un proceso marco de especialización y construcción de expertise (Vecchioli, 2011, 2009), donde los repertorios de acción a los cuales apelar varían y se formalizan con el tiempo. En este proceso, las “estrategias de demanda” están vinculadas al tipo de acciones o repertorios que deciden llevar a cabo los actores colectivos y cómo afrontan el desafío de hacer sus reclamos visibles y eficaces. Así, podemos definir el repertorio propio de la defensa de los derechos humanos como el tipo de acción política que se concentra principalmente (por medio de diferentes estrategias) en las demandas jurídicas basadas en el derecho internacional de los derechos humanos, la reivindicación política de la dignidad humana, la agitación de la opinión pública, el cabildeo nacional e internacional, la producción de información especializada para socializar denuncias con los marcos normativos de los derechos humanos y el acompañamiento a grupos sociales y víctimas (López Pacheco e Hincapié, 2015).

Las estrategias de movilización por los derechos humanos son, entonces, amplias, no apelando siempre los movimientos o actores especializados a todos los repertorios. Igualmente, las estrategias de movilización variarán en función de la relación de los movimientos o los actores formales con las víctimas, es decir, pueden existir actores colectivos conformados por las propias víctimas y sus familiares, u organizaciones muy especializadas que no tienen origen directo en grupos de víctimas y actúan “en su nombre”. De esta manera, dos de los repertorios que aparecen en el contexto mexicano, que no habían sido movilizados o que lo habían sido sin tanto éxito hasta la movilización regional, son la socialización de la información y el trabajo de acompañamiento y movilización directa con las víctimas. En el caso de la socialización de información, se establece un vínculo o alianza entre organizaciones locales con expertos y las víctimas, siendo el rol de éstas últimas fundamental para documentar con veracidad y seguir con precisión las violaciones de derechos humanos. En cuanto al acompañamiento y la movilización de las víctimas, el rol de las víctimas y sus familiares es directo y se fundamenta en el poder moral que éstas tienen al denunciar las violaciones de las que son objeto.

En el siguiente epígrafe, reconstruimos la interacción entre las estrategias de las organizaciones y los repertorios de defensa de los derechos humanos a partir de la sistematización de los espacios de acción de las organizaciones, sus perfiles, agendas de demanda, recursos de movilización, redes de participación, acciones visibles y vínculos con las víctimas. Por medio de entrevistas a líderes de organizaciones, el análisis cronológico de prensa y de documentos oficiales de las organizaciones y de sus redes, pudimos distinguir las principales estrategias seguidas en la defensa de los derechos humanos impulsadas por los actores locales y las víctimas. Éstas se diferenciaban, entre el 2007 y 2014, de las prácticas establecidas de las organizaciones de la capital y se relacionaban directamente con las demandas que se imponían con mayor fuerza sobre el Estado mexicano.

Del centralismo a las estrategias de acción colectiva a nivel regional en México

En México la emergencia e institucionalización de la acción colectiva de defensa de los derechos humanos estuvo marcada por la exigencia de un cambio democrático en los años ochenta y noventa. En este proceso de presión por el respeto de los derechos humanos en general, y de los derechos políticos en particular, fue muy importante la creación y consolidación de ONGs especialistas. Hacia finales de los años ochenta en la capital del país se crearon la Academia Mexicana de los Derechos Humanos, el Centro Fray Francisco de Vitoria, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez (Aguayo y Parra 1997; Estévez 2008). Estas organizaciones desarrollaron habilidades como la defensa jurídica de casos de violación, la producción de información y la conexión con actores internacionales para intensificar la presión sobre los gobiernos, especialmente por medio de redes nacionales creadas en los años noventa como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos (Red TDT) y otras redes transnacionales que presionaron por un cambio democrático (Estévez, 2008).

El final de los años noventa marcó el momento cumbre en la consolidación de la defensa de los derechos humanos en México, en medio de una intensa movilización que denunció la violencia estatal y exigió el respeto de los derechos políticos, con la institucionalización efectiva de los procedimientos electorales que hicieron posible el pluralismo político en los ámbitos de gobierno (Treviño, 2004). El triunfo de dichas demandas cristalizó en el contexto de cambio institucional, que culminó en la alternancia del ejecutivo en el año 2000, el cual vino de la mano con una reorientación de las lógicas gubernamentales de reconocimiento definitivo de las ideas y las normas de los derechos humanos como consustanciales a la democracia. El nuevo gobierno del Partido de Acción Nacional (PAN) lideró un cambio caracterizado por la apropiación de los derechos humanos, reconociendo su legitimidad adelantó acciones de inclusión y apertura de México al escrutinio internacional en la materia, así como promovió espacios de interlocución e intermediación con las ONGs, abriendo de esta manera oportunidades políticas para la acción colectiva (Anaya, 2012). En el ámbito internacional la imagen de México como un país que consiguió una “alternancia democrática” y que contaba con todas las instituciones indispensables para ésta, generó una evaluación positiva. En este escenario, las ONGs nacionales encontraron espacios para la consultoría directa y la cooperación con el gobierno a fin de impulsar reformas institucionales (Bizberg, 2007; Somuano, 2011).

Diversos actores colectivos buscaron con sus acciones estratégicas fortalecer los cambios institucionales estatales y materializar las promesas de cambio político por medio de políticas públicas concretas. Sin embargo, los nulos resultados que se obtuvieron en procesos claves como el de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP)², o las tensiones en el diagnóstico y elaboración de una política nacional de derechos humanos, llevaron a la decepción de los actores del campo de acción colectiva con los cambios (Acosta, 2010). El gobierno federal no estuvo a la altura de los cambios prometidos y, por el contrario, a medida que se presentaban resultados contrarios a los esperados, las ONGs aumentaron sus críticas al gobierno, señalando que fueron mucho más los pendientes en materia de derechos humanos que los aciertos por parte del gobierno de la alternancia (Maza, 2009).

En este proceso de cambio y desencanto, la defensa de los derechos humanos experimentó un ensanchamiento caracterizado por la especialización de muchas ONGs y la capacidad de movilizar agendas institucionales. Este ensanchamiento de la defensa de los derechos humanos, producto del surgimiento de nuevos actores colectivos especializados, tuvo como efecto no deseado la fragmentación de agendas y los actores movilizados: los actores orientados al trabajo institucional estatal enfocaron sus habilidades de movilización en la interlocución, asesoría y evaluación de políticas públicas, así como, en términos generales, al impulso de reformas institucionales de derechos humanos. Por su parte, los nuevos actores especializados emergieron en el campo de acción colectiva orientados a evaluar los estándares de respeto de los derechos humanos y la implementación de reformas técnicas en la materia. Por otro lado, en las regiones del país organizaciones no gubernamentales de perfil local y regional, partiendo de estrategias de trabajo comunitario en contexto de alta conflictividad, tuvieron como reto el acompañamiento de víctimas de violaciones a los derechos humanos y la documentación de los casos (López Pacheco, 2015a).

La decepción por los cambios se vio profundizada con las políticas del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y la declaración de guerra contra el crimen organizado que desató una ola de violencia y violaciones de derechos humanos sin precedentes en el país. La nueva realidad confrontó directamente a las organizaciones no gubernamentales con el gobierno federal, contraponiendo la política militarista a la defensa de las garantías individuales y el reconocimiento de las víctimas. Con el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la mano de Enrique Peña Nieto en 2012, la continuidad de la política militar y el aumento de las cifras de violencia en todo el territorio, las organizaciones empezaron a articular demandas más claramente dirigidas a temas como la impunidad, el estado de derecho y la violencia (Hincapié, 2015).

Como hemos mencionado, la trayectoria de defensa de los derechos humanos en México se caracterizó por una fuerte centralidad de las organizaciones de la capital (López Pacheco, 2015b). Como consecuencia de esta trayectoria, en comparación con las organizaciones locales, las de la capital cuentan con mayor capacidad de gestionar recursos económicos tanto dentro como fuera del país, además de una clara cercanía con los centros institucionales del Estado, lo cual se ha caracterizado como una “cancha asimétrica por los recursos” (Frey, 2015). A pesar de esta marcada trayectoria, a partir de la explosión de violencia generalizada y la profundización de la política militarista en el país, los actores locales y regionales impulsaron su trabajo en contextos regionales donde establecieron nuevas estrategias que no habían sido aplicadas por las organizaciones de la capital³.

Por una parte, en estados como Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Guerrero, Chiapas y Michoacán, las organizaciones de carácter local iniciaron un proceso de documentación y denuncia de los miles de casos en el marco de la estrategia militar de Calderón. Hasta ese momento los informes que elaboraban las ONG del centro del país se basaban en las cifras de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo cual además de ser un sub-registro (debido a todos los casos que quedan sin denunciar ante esta entidad), no generaba certeza de la responsabilidad de los agentes estatales dadas las pocas recomendaciones que las Comisiones de Derechos Humanos producen. Dichas organizaciones justificaban la falta de documentación en sus informes argumentando lo complejo de imputar responsabilidades por la crisis de seguridad, ya que “una gran parte de los asesinatos no son realizados directamente por agentes estatales, sin embargo, son consecuencia de la política implementada por Calderón, así como debidos a una dinámica de las organizaciones criminales desatada por la misma estrategia (Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 2013: 34).

La producción de información ha sido destacada dentro de la literatura especializada como uno de los repertorios claves de los actores colectivos, las ONGs y las redes en la defensa de los derechos humanos (Keck y Sikkink, 2000; López Pacheco e Hincapié, 2015). La información produce certeza en las demandas y potencia relaciones de empatía con actores influyentes que ante la contundencia de las cifras no pueden obviar las crisis; de la misma manera, la información sobre las violaciones de derechos humanos puede nutrir estratégicamente otros repertorios de demanda como son el litigio jurídico, el avergonzamiento público, la presión internacional ante órganos especiales, entre otros.

Por otro parte, una estrategia seguida por las ONGs locales fue la estrecha relación con grupos de víctimas o familiares de víctimas, los cuales hasta la emergencia del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (2011) no habían tenido visibilidad pública (Azaola, 2012). En estados como Coahuila, Monterrey o Veracruz, los familiares de las víctimas han ido incorporando a sus reclamos estrategias de denuncia que se vinculan con organizaciones locales de derechos humanos, donde, precisamente, la base del éxito que puedan alcanzar se debe a la capacidad de generar información creíble por parte de las ONGs y su estratégica vinculación con las víctimas (Villarreal, 2015, 2016).

La importancia creciente adquirida por las organizaciones locales y regionales con el posicionamiento de sus agendas se evidencia claramente con tres tipos de estrategias seguidas: primero, la creación de nuevas redes de trabajo; segundo la participación en el escenario internacional; y, tercero, el caso paradigmático de la desaparición forzada como marco de demanda coordinado que confluye en el apoyo del episodio nacional de presión desatado tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En todos estos ejes de acción encontramos como núcleo común la socialización novedosa de información frente a la crisis y el trabajo de solidaridad directo con las víctimas.

Redes regionales en expansión: la defensa de y con las víctimas

Como ya hemos planteado, las transformaciones en la defensa de los derechos humanos en la primera década de los años 2000 distinguió con claridad las agendas de defensa de los derechos humanos de las ONG de perfil local y regional que se enfrentaban a contextos conflictivos por medio de la articulación, solidaridad y la creación de redes de documentación y denuncia que dieron fuerza a sus demandas. El caso paradigmático de la presión articulada y coordinada de las ONG locales y regionales se dio en Chihuahua, donde las organizaciones crearon redes y plataformas regionales de denuncia como la Red Ciudadana de No Violencia y Por la Dignidad Humana e impulsaron demandas a nivel internacional consiguiendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una condena sobre el Estado mexicano. A partir del trabajo de las lideresas defensoras de derechos humanos, el Estado debió reconocer la crisis de feminicidios convirtiéndose dicha agenda en una de interés nacional a la que se sumaron posteriormente organizaciones de la capital (Aikin, 2011; Martín, Fernández y Villarreal, 2008).

Un conjunto central de organizaciones que iniciaron procesos de articulación tras la crisis de violaciones desatadas por la política militarista fueron las organizaciones defensoras de los migrantes. Desde el año 2007 las existentes Casas del Migrante lideradas por obispos con visibilidad mediática como Alejandro Solalinde, Pedro Pantoja o Raúl Vera, articularon una red de apoyo al migrante en tránsito a nivel nacional, buscando darles asistencia humanitaria, así como documentar e informar sobre las violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas. Las Casas de Migrantes ubicadas en estados como Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas, articulan su trabajo junto con otras ONGs locales como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, el Centro Fray Juan de Larios, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Esta red ha documentado el secuestro de miles de migrantes a la fecha. Con sus propios informes, estas organizaciones han demandado la responsabilidad del Estado mexicano frente a esta crisis humanitaria y la incapacidad que éste tiene para garantizar el acceso a la justicia de los migrantes víctimas del crimen organizado o de los propios agentes estatales (Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Refugio Hogar de la Misericordia, Fundación para el Debido Proceso Legal, 2008). La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos utilizó la información generada por las ONG en su informe del 2009 en el que denunció un total de 9.758 secuestros a migrantes centroamericanos tan solo entre septiembre de 2008 y enero de 2009 (CNDH, 2009).

Especialmente a partir del 2009 con la creación de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila (FUUNDEC), el repertorio de documentación y denuncia de la crisis humanitaria de los desaparecidos empezó a ser retomado en algunas regiones del país. Desde dicho año se dio una importante proliferación de actores colectivos constituidos por familiares de víctimas de desaparición en Veracruz, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Baja California, todas organizaciones locales con el objetivo de documentar y exigir la aparición de las víctimas (Villarreal, 2014: 113). Continuando con el proceso de articulación y ampliación de redes de organizaciones de defensa, el Centro Fray Juan de Larios convocó en junio de 2010 a conformar la Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Familias de desaparecidos del Norte (Redefade), siguiendo la estrategia adelantada a través de FUUNDEC. La Redefade está conformada con organizaciones de Chihuahua (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Justicia para Nuestras Hijas, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos), de Coahuila (Centro de Derechos Humanos “Agustín Churruca Peláez”, Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Fuundec) y de Nuevo León (Cadhac). Durante el 2010 fueron efectuadas tres asambleas, en Saltillo, Monterrey y Chihuahua, para demandar justicia y la presentación con vida de las mujeres y hombres desaparecidos en la frontera norte de México, articulando el trabajo que las organizaciones estaban realizando de documentación y registro de los desaparecidos en sus escenarios locales de acción. La Red conformó un grupo de trabajo integrado por representantes del Centro de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, el Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el gobierno del Estado de Coahuila y FUUNDEC, logrando financiación de la Unión Europea.

Las organizaciones locales y regionales arraigaron su capacidad de movilizar recursos en el trabajo cercano con las víctimas y documentaron la grave crisis de derechos humanos que el despunte de la violencia y la fallida estrategia de militarización del gobierno federal habían generado. En diversas ocasiones los numerosos asesinatos que se presentaban en todo el territorio nacional fueron denunciados por organizaciones no gubernamentales y el gobierno federal respondía señalando que dichas muertes eran ajustes de cuentas criminales, definiendo los hechos como “daños colaterales” de la guerra misma que los criminales llevaban a cabo. Algunos de los casos más polémicos en estos conflictos fueron el de la Masacre de Villas de Salvacar en Ciudad Juárez en 2010, donde 15 jóvenes fueros asesinados mientras asistían a una fiesta en un barrio de la ciudad. Frente a estos hechos, el presidente Calderón aseguró que se trataba de un ajuste de cuentas de los propios criminales frente a lo cual debió salir a rectificarse posteriormente y reconocer el crimen⁴. Igualmente, cuando se encontraron las fosas clandestinas de 72 migrantes en agosto de 2010 y de 193 más en abril de 2011 en San Fernando Tamaulipas, el gobierno arrojó como hipótesis que se trataba de organizaciones criminales; sin embargo, organizaciones no gubernamentales de la zona denunciaron de inmediato que se trataban de masacres cometidas contra migrantes por parte de actores criminales. En 2014, tras desclasificar documentos oficiales, se comprobó que en dichas masacres participaron policías municipales con complicidad de otros agentes estatales⁵.

Precisamente en el 2011 fue asesinado en Cuernavaca el hijo del poeta Javier Sicilia y, al igual que con la oleada de asesinatos en todo el país, los hechos fueron presentados como derivados luchas entre criminales. Ante la posición gubernamental, el poeta inició una convocatoria que fue apoyada por diferentes organizaciones y grupos locales en todo el país, dando forma a la emergencia del Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). El Movimiento Nacional en oposición a la guerra y la política de seguridad emprendida por el gobierno federal tuvo como una de sus principales estrategias colectivas la organización de Caravanas por la Paz en todo el país. A través de estas Caravanas se logró dar visibilidad a los contextos regionales que vivían una aguda crisis de violencia, gracias a la participación de las organizaciones de defensa local como CADHAC en Nuevo León, Tlachinollan en Guerrero, y todas las organizaciones existentes en Chiapas, se contribuyó a la articulación de las víctimas y la documentación de casos en cada uno de los estados de la federación.

La gran visibilidad nacional e internacional que obtuvieron las Caravanas puso en evidencia, además del gran número de víctimas en todo el país, la desprotección de las organizaciones y defensores en los contextos locales y la desconexión con esta realidad por parte de las grandes organizaciones del Distrito Federal (Entrevista personal, 3 de marzo de 2014).

Actores colectivos locales en escenarios internacionales

Uno de los escenarios donde puede advertirse la importancia creciente del trabajo de las organizaciones locales y regionales frente a la violencia es en los espacios internacionales de demanda como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). El trabajo internacional exige alta experticia y una elevada capacidad de movilizar recursos para la documentación y verificación de las situaciones de violación a los derechos humanos que fortalezcan las demandas. Precisamente la articulación de organizaciones locales en los contextos conflictivos y su capacidad de documentación de casos concretos desde el trabajo directo con las víctimas y las comunidades afectadas fue fundamental para posicionar a nivel internacional la crisis de derechos humanos.

Hasta el año 2008, el Sistema Interamericano era principalmente utilizado por las organizaciones de la capital del país como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Agustín Pro Juárez, Centro Vitoria, Centro Nacional de Comunicación Social, la secretaría ejecutiva de la Red TDT y la organización internacional Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL. Si tenemos en cuenta que precisamente hasta el 2008 eran las organizaciones no gubernamentales de la capital del país las que participaban en el Sistema Interamericano, un seguimiento general a las sesiones que se han presentado sobre el caso mexicano en el SIDH nos muestra el posicionamiento de la estrategia seguida por las organizaciones locales y regionales de movilizar sus demandas en el escenario internacional. Este proceso ha sido liderado por organizaciones que, en tan solo seis años, han tenido varias presencias en las sesiones temáticas del Sistema Interamericano: organizaciones como Tlachinollan (7), CADHAC (5), CEDEHM (5), Centro de Derechos Humanos del Nordeste (5), Nuestras Hijas (4), Cosydhac (3), Casa Migrante (3), Fray Matías de Córdova (2), Fray Juan Larios (2), Juan Gerardi (1), entre otras, han tenido participación en la documentación y denuncia de casos o contextos de violación de derechos humanos en México⁶.

El número de audiencias temáticas sobre México en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha crecido desde el año 2007. Justamente fueron las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en Chihuahua las primeras en posicionar sesiones temáticas especiales ante el SIDH, tendencia que creció luego del 2008 en una amplia diversificación de sesiones temáticas sobre derechos de los pueblos indígenas, libertad de expresión, derechos de los migrantes en tránsito y defensores de derechos humanos. Organizaciones regionales como Tlachinollan (Guerrero) y el Centro Frayba (Chiapas) impulsaron diversas sesiones temáticas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Los casos emblemáticos defendidos por estas organizaciones han evidenciado la indefensión y vulnerabilidad de los pueblos indígenas en contextos donde, además de la presencia del crimen organizado y los abusos de las autoridades estatales, se enfrentan a procesos de persecución en medio del desarrollo de megaproyectos y la persistencia de condiciones estructurales del mal funcionamiento de mecanismos especiales de acceso a la justicia.

Por su parte, las redes de organizaciones de defensa de los migrantes han posicionado su agenda con resultados sobresalientes en pocos años. En una de las sesiones temáticas de la CIDH sobre migrantes, el 22 de marzo de 2010 se presentaron un conjunto de las organizaciones locales y regionales que articularon redes de solidaridad como fueron el Albergue Guadalupano de Tierra Blanca (Veracruz), Albergue Nuestra Señora de Guadalupe (Tamaulipas), Servicio Jesuita de Migrantes en México, Centro Fray Matías de Córdova, la Casa del Migrante (Oaxaca), Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios (Saltillo), Humanidad sin Frontera, Frontera con Justicia, además del acompañamiento del Centro ProDH. Estas organizaciones presentaron el informe “Secuestros a personas migrantes centroamericanas en tránsito por México”. La información, que sustentaba la argumentación sobre la crisis de derechos humanos por la violencia contra los migrantes indocumentados, fue contundente y generó efectos inmediatos: la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias llevó a cabo una visita in loco a México entre el 25 de julio y el 2 de agosto de 2011 a petición de las organizaciones y el gobierno; el 30 de diciembre del 2013 la CIDH publicó el Informe Especial “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”. Dicho documento contiene un análisis detallado de la situación de indefensión y vulnerabilidad que se encuentran los migrantes en tránsito en México, especialmente bajo el contexto de la política de lucha contra el crimen organizado, reconociendo la grave crisis y haciendo un llamado al Estado mexicano para alinear los sistemas de protección internos como principal responsabilidad.

Las agendas de las organizaciones locales y regionales que se han articulado por medio de redes de solidaridad y apoyo a las víctimas han tenido un posicionamiento internacional fundamentado en su capacidad de documentar los contextos conflictivos de violación de los derechos humanos. En la medida que la movilización de las organizaciones locales se articuló desde las regiones hacia el centro y las estrategias de acompañamiento a las víctimas y las comunidades locales fueron retomadas también por las organizaciones de la capital del país, las demandas frente al estado mexicano han crecido, elevando los costos para los gobiernos en un proceso de coordinación hasta dicho momento inexistente.

De la agenda regional a la coordinación nacional: la desaparición forzada y la presión internacional

La política de guerra durante el sexenio 2006-2012 y lo corrido del 2012-2018, así como los combates entre grupos criminales, han dejado en México una crisis de violaciones de derechos humanos en la que el drama de las desapariciones ha tocado directamente a todas las regiones del país. A pesar de que en un inicio organizaciones internacionales como Amnistía Internacional no se atrevían a catalogar la crisis humanitaria que vive México como caracterizada por la “desaparición forzada”, sino que lo limitaban a un problema de “desapariciones”, esta alarmante situación fue señalada de manera insistente por las organizaciones locales y regionales durante todo el período. Como efecto del proceso de posicionamiento de las agendas de las organizaciones locales y regionales el marco de demanda de la crisis de desapariciones forzadas tuvo una creciente ampliación que ha llevado a un proceso de coordinación nacional y a una gran visibilidad internacional.

Justamente entre 2010 y 2014 las organizaciones llevaron a cabo una campaña nacional contra la desaparición forzada como estrategia colectiva para visibilizar la crisis de derechos humanos. Una de las mayores dificultades que enfrentan los actores colectivos locales y regionales es la estructura jurídica del diseño federal, el cual hace más difícil la articulación de trabajo, ya que cada estado tiene protocolos diferentes para la atención de casos de desaparición forzada. En este sentido, muchos de los esfuerzos más inmediatos de las organizaciones es demandar la armonización no solo de los protocolos sino también de la tipificación del delito a nivel federal. Organizaciones como el Juan Fray de Larios y FUUNDEC en Coahuila y CADHAC en Nuevo León, han logrado establecer agendas estatales de seguimiento a la crisis de derechos humanos con organismos gubernamentales estatales y acompañantes internacionales, logrando impulsar leyes estatales de Desaparecidos Forzados, Mecanismos de Búsquedas, Foros de Desaparición, que buscan certezas para las víctimas (Villarreal, 2016).

La Red de Familiares de Desaparecidos organizó en Saltillo, en junio de 2013, el Foro Internacional sobre Desaparición Forzada e Involuntaria. En esta actividad se presentó evidencia convincente de la participación de agentes de todas las fuerzas de seguridad estatales en cientos de desapariciones forzadas cometidas durante el gobierno del Presidente Felipe Calderón, subrayando que no se había presentado la primera condena en ninguno de estos casos. Igualmente, en noviembre de 2013 FUNDENL lideró la elaboración de un informe por parte de Amnistía Internacional sección México sobre la crisis de desapariciones y violaciones de derechos humanos en Monterrey, que fue el primer informe sobre una situación regional particular luego de los realizados sobre los feminicidios en Chihuahua: “subrayando la continuidad de la violencia contra las mujeres, contra los periodistas, indígenas, defensores y defensoras de los derechos humanos, la crisis de las desapariciones y la inoperancia de la Ley de Víctimas” (FUNDENL, 7 noviembre de 2013). La información recolectada por las ONGs locales fue utilizada por la Oficina del Alto Comisionado, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, quienes luego de varios años de denuncia local incluyeron por fin la crisis de la desaparición forzada en sus informes especiales en el 2013, “Los desaparecidos en México. El persistente costo de una crisis ignorada” (Human Rights Watch, 2013) y “Enfrentarse a una pesadilla. La desaparición de personas en México” (Amnistía Internacional, 2013). De la misma manera el trabajo realizado por CADHAC de sistematización de las desapariciones y acompañamiento de los familiares de las víctimas ha dado frutos como la tipificación del delito de desaparición forzada en la legislación estatal así como mecanismos de coordinación con el gobierno estatal y la implementación de estrategias de seguridad ciudadanas que buscan desmilitarizar las calles (CADHAC, 2014).

En junio del 2014 el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, junto con FUNDAR y SERAPAZ⁷, presentó un completo informe ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, criticando la ineficacia en el cumplimiento del gobierno de las obligaciones contraídas en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra Desapariciones Forzadas. Como recordamos, la documentación recopilada por el Movimiento por la Paz se basó en la información que aglutinaba las Caravanas por la Paz apoyadas en las diferentes regiones por las organizaciones locales y regionales. El informe documentó un total de 20.810 personas desaparecidas oficialmente reconocidas entre 2006 y mayo del 2014, de acuerdo a las listas depuradas, hubo 13.195 personas desaparecidas durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón, más 7.615 personas desaparecidas en lo que iba del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto. Las organizaciones informaron al Comité que resulta alarmante que las desapariciones de personas continúen, en un aumento evidente, ya que la cifra de personas desaparecidas en menos de dos años del gobierno de Peña Nieto representa el 60% del total de las personas desaparecidas durante la totalidad del gobierno de Calderón (Fundar, Serapaz, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, 2014; Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, 2014).

En esta línea de mayor coordinación nacional basada en las estrategias de las organizaciones locales y regionales, en el 2014 se presentó la entrega de un informe sobre desapariciones forzadas en México ante la Corte Penal Internacional, en el cual se documentan más de 60 casos de tortura y desaparición forzada en Baja California, argumentando que ésta ha sido una política sistemática del Estado mexicano desatada tras la implementación del Operativo Baja California Seguro en 2007. La información presentada por la CMDPDH fue recolectada por el Centro de Derechos Humanos Paso Norte, quienes documentaron todos los casos y realizaron el análisis del contexto específico. Esta acción evidencia el posicionamiento de las agendas locales en la coordinación nacional del campo de acción colectiva ya que es el primer informe que documenta de manera sistemática las violaciones de derechos humanos derivadas de la política de seguridad, documentación realizada por una ONG local y regional que actúa en los contextos conflictivos y retomada por una ONG posicionada en la capital del país. Igualmente, fue la primera vez que las ONGs acudieron basadas en este tipo de informes a la Corte Penal Internacional. En palabras de José Antonio Guevara (director ejecutivo de la CMDPDH), la intención de presentar el informe era, más allá de tener una condena o un juicio dadas las dificultades para lograr este objetivo, que la CPI abriera un expediente de investigación que alerte al Estado mexicano sobre la necesidad de empezar a investigar efectivamente el drama de los desaparecidos. Esta acción fue posible por el trabajo de cooperación y coordinación que se presentó entre una ONG posicionada en el centro del campo de acción colectiva y una ONG regional que mantuvo el perfil de acompañamiento de las víctimas en el contexto de violencia y persecución.

Precisamente, estas agendas y estrategias de acción colectiva regionales frente a la desaparición forzada y las violaciones de derechos humanos producto de la militarización de la sociedad, han servido de soporte e impulso del episodio de presión nacional frente al gobierno derivado del asesinato de 3 estudiantes y la desaparición de 43 más de la Normal Superior de Ayotzinapa en Guerrero. La desaparición forzada de los 43 normalistas de Iguala generó una reacción de indignación y protesta nacional, que se manifestó en las calles en marchas multitudinarias de miles de personas, además de una coordinación de apoyo para llevar a cabo las demandas por la aparición con vida de los normalistas y la completa justicia y reparación. Estas marchas tuvieron un rasgo común, la socialización del caso particular y la activación de diferentes mecanismos de apoyo y presión por la aparición con vida de los normalistas ante la lenta reacción del gobierno estatal, federal y de los órganos de control (Organizaciones Justicia para Ayotzinapan, 8 octubre de 2014). Frente a estos graves hechos los familiares de los normalistas desaparecidos recibieron el apoyo de organizaciones como FUUNDEC y FUNDEM, además de la asesoría jurídica de Tlachinollan y el Centro ProDH, dando pie a una Comisión de Impulso a la Búsqueda y Esclarecimiento de los Hechos, integrada por los líderes defensores de derechos humanos⁸.

En sintonía con el nuevo esfuerzo de articulación de agendas locales con las movilizaciones nacionales, una de las actividades que impulsó el Centro ProDH (organización de la capital del país), fue la reunión de algunos delegados de los familiares de víctimas de Guerrero con defensores de CADHAC y la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Secuestrados, Ejecutados y Desaparecidos de Nuevo León (AMORES). Esta reunión tuvo como objetivo solicitar a CADHAC y AMORES que “compartan su experiencia de cara a la búsqueda de sus 43 normalistas desaparecidos, porque el patrón que vemos es el mismo, lo que Iguala desnuda, que es la connivencia entre el Estado y las organizaciones delincuenciales, es el mismo patrón de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y otros estados del país”⁹. Estos esfuerzos de coordinación muestran explícitamente en el discurso de los líderes de las ONG la necesidad de reorientación y articulación que las ONGs de la capital del país tienen con el trabajo realizado por las ONGs locales, que se reflejan en las palabras del entonces Subdirector del Centro ProDH en Monterrey.

Las denuncias de las organizaciones locales y regionales tuvieron eco en los organismos internacionales que, como parte de su trabajo de observación sobre el caso mexicano, se reunieron principalmente con estas organizaciones y familiares de víctimas para recopilar información y documentar la situación. En tal sentido resaltó el conflicto generado en relación al informe presentado sobre la tortura en México en marzo de 2015 ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, informe en el que Juan E. Méndez, Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas para la Tortura, cuestionó las medidas tomadas por los gobiernos federales para erradicar dicho problema y, por el contrario, señaló que la tortura en México era una práctica generalizada extendida en todo el territorio nacional e implementada por todos los órganos de gobierno y seguridad (Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, 2014)¹⁰. Para elaborar dicho informe el Relator visitó México en abril de 2014 (incluso mucho antes de los hechos de Ayotzinapa y Tlataya) recolectando información sobre decenas de casos de tortura en el territorio mexicano y las denuncias presentadas por organizaciones de derechos humanos. Frente al informe, el gobierno federal respondió negando la información y cuestionando los mecanismos y la integralidad de la relatoría, aunque nunca pudo comprobar que la tortura en México no era una práctica generalizada y, por el contrario, presentó resistencias que llegaron a plantear una amenaza de no continuar la colaboración con la Relatoría Especial¹¹.

Mientras el gobierno mexicano insiste en presentar sus “avances” en materia de derechos humanos, tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y la presión nacional, se ha generado un proceso conflictivo de observación internacional que incluye comunicados e informes de ONGs y organismos internacionales. Tan solo en el 2015 se presentó la visita a México del Relator Especial para la Tortura, el Relator para las Desapariciones, así como la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presencia permanente del Grupo Internacional de Expertos sobre el caso Ayotzinapa y la visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Todos ellos, sin excepción, sostuvieron reuniones con las víctimas, sus familiares y organizaciones no gubernamentales, retomando la información que estos actores han confinado en los años de oposición a las políticas de militarización, concluyeron que México atraviesa una grave crisis de derechos humanos, aumentando la presión sobre el gobierno federal y solicitando cambios de fondo en la política de guerra y la responsabilidad del Estado.

Conclusiones: la importancia de la información y la movilización de las víctimas

En este artículo hemos explorado el proceso de movilización de las organizaciones no gubernamentales locales en defensa de los derechos humanos frente a la violencia en México. Contrario al énfasis dado en la literatura especializada a las organizaciones de la capital del país, explicamos que las organizaciones locales han generado estrategias innovadoras frente a la violencia, constituyéndose en impulsoras y soportes fundamentales de las principales demandas a nivel internacional sobre el estado mexicano. Como se sintetiza en la Tabla 1, las estrategias innovadoras de creación de redes regionales, el posicionamiento en escenarios internacionales y la centralización de la agenda de la desaparición forzada, se basan en a) la producción y socialización de información, y b) movilización con las víctimas, como repertorios de acción colectiva que han generado efectos no logrados hasta el momento en el caso mexicano.

Tabla 1
Ejes de análisis y prácticas novedosas a nivel local en México

Desde el año 2007, las organizaciones locales de derechos humanos han creado nuevas redes de trabajo y cooperación para la documentación de los casos de violación de derechos humanos y acompañamiento a familiares de las víctimas en estados como Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua. Igualmente, han seguido una estrategia de denuncia internacional aprovechando escenarios como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, apropiándose de espacios de socialización y presión que tradicionalmente eran aprovechados por las organizaciones con mayores recursos económicos de la capital del país. Finalmente, las organizaciones, junto a familiares de víctimas, han socializado la denuncia frente a la desaparición forzada como marco de demanda compartido, este trabajo de coordinación ha confluido en el apoyo del episodio nacional de presión desatado tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Finalmente, el caso mexicano nos permite entender cómo la relación entre los actores profesionalizados y las víctimas puede redefinir la forma en que la defensa especializada de los derechos humanos genera estrategias de confrontación y demanda con efectos sobre los procesos políticos. El potencial movilizador de las víctimas junto con las organizaciones locales se vio reflejado, por un lado en la socialización de información cada vez más estructurada y convincente, y por otro lado, en la ampliación de solidaridades y acciones coordinadas a nivel regional frente a los adversos contextos de violencia. A diferencia de la tendencia histórica que dio forma a un fuerte centralismo de las principales organizaciones defensoras en derechos humanos en México, la crisis de violencia ha sido afrontada de manera diferenciada pero consistente en los estados de la República. Sin importar que la mayoría de los recursos económicos se concentran en el conjunto de ONGs de la capital, las organizaciones regionales han hecho de las estrategias de producción de información confiable y directa, y el trabajo y acompañamiento directo con las víctimas, sus principales recursos de acción logrando dinamizar el campo de la defensa de los derechos humanos en México.

Referencias

Acosta, M. (2010). The Uncertain Defeat of Authoritarianism, Lawlessness and Human Rights in Mexico. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Aguayo, S., & Treviño, J. (2007). Fox y el pasado. La anatomía de una capitulación. Foro Internacional XLVII(4), 709-739.

Aguayo, S., & Parra, L. (1997). Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en México: entre la democracia participativa y la electoral. México: Academia Mexicana de Derechos Humanos.

Aikin, O. (2011). Activismo social transnacional. Un análisis en torno a los feminicidios en Ciudad Juárez. México: ITESO-Colegio de la Frontera Norte-UACJ.

Amnistía Internacional. (2013). Enfrentarse a una pesadilla. La desaparición de personas en México. México: Amnistía Internacional.

Anaya, A. (2012). El país bajo presión. Debatiendo el papel del escrutinio internacional de derechos humanos sobre México. México: CIDE.

Azaola, E. (2012). El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Desacatos. Revista de Antropología Social, 40, 159-170.

Bizberg, I. (2007). La sociedad civil en el nuevo régimen político. Foro Internacional, XLVII(4), 785-816.

Bob, C. (2010). The International Struggle for New Human Rights. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

CADHAC (2014). Desaparición de personas en Nuevo León. Sistematización de experiencias en búsqueda de la justicia y la verdad. Nuevo León: CADHAC.

Carpenter, C. (2007). Setting the advocacy agenda: Theorizing issue emergence and nonemergence in transnational advocacy networks. International Studies Quarterly, 51, 99-120.

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Refugio Hogar de la Misericordia, Fundación para el Debido Proceso Legal (2008). La crisis de derechos humanos en la frontera sur de México. México: S. E.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (2013). La transición traicionada. México: Centro ProDH.

CNDH (2009). Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los casos de secuestro en contra de migrantes. México: CNDH.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015). Informe sobre la situación de los derechos humanos en México. Washington: CIDH.

Estévez, A. (2008). Human Rights and free trade in Mexico: a discursive and sociopolitical perspective. New York: Palgrave Macmillan.

Franklin, J. (2014). Human Rights Contention in Latin America: A Comparative Study. Human Rights Review, 15(2), 139-158.

Frey, B. (2015). Uneven Ground: Asymmetries of Power in Human Rights Advocacy in Mexico. In J. Pruce (Ed.), The Social Practice of Human Rights (pp. 121-139). New York: Palgrave Macmillan.

Fundar, Serapaz & Movimiento por la Paz (2014). Presentación de información en el marco de la adopción de la lista cuestiones en la Séptima Sesión del Comité Contra las Desapariciones Forzadas 15-26 Septiembre de 2014. Primera Revisión de México por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Organizaciones de las Naciones Unidas, http://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2015/01/Prodh-et-al.pdf.

FUNDENL (2013). Participación de Fundenl en informe de Aministía Internacional Monterrey. 7 de noviembre de 2013, http://fundenl.org/situacion-de-los-derechos-humanos-en-nuevo-leon/.

Gallagher, J., Martínez, P., & Ruiz, C. (2016). Human rights at a crossroads: 18 months after Ayotzinapa. Open Democracy, 5 de abril, https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/janice-gallagher-paula-martinez-gutierrez-camila-ruiz-segovia/human-rights-at-cross.

Hincapié, S. (2015). Estado y derechos humanos en México: claves analíticas para su interpretación. El Cotidiano, 30(194), 89-96.

Hincapié, S., & López Pacheco, J. (2016). Ciclos de movilización y crisis de derechos humanos. La acción colectiva de las ONG nacionales y los derechos humanos en México. Revista de Estudios Sociales, 56, 26-38.

Human Rights Watch (2013). Los desaparecidos en México. El persistente costo de una crisis ignorada. México: Human Rights Watch

Keck, M., & Sikkink, K. (2000). Activistas sin fronteras. Redes de defensa en política internacional. México: Siglo XXI.

López Pacheco, J. (2015a). El campo de las ONGs de derechos humanos en México: recursos y agendas.El Cotidiano, 30(194), 97-106.

López Pacheco, J. (2015b). Fases históricas de la defensa de los derechos humanos en Colombia y México. Las ONG en contextos de violencia, 1970-2010. In K. Ansolabehere, L. Vázquez & S. Serrano (Eds.), Los derechos humanos y la violencia: Estado, instituciones y sociedad civil (pp. 191-233). México-Bogotá: FLACSO-Universidad de los Andes.

López Pacheco, J., & Hincapié, S. (2015). Campos de acción colectiva y ONG de derechos humanos. Herramientas teóricas para su análisis. Sociológica, 30(85), 9-37.

Martí i Puig, S. (2014). Introducción: movilización y protesta en el mundo global e interconectado. Revista CIDOB d´Afers Internacionals, 105, 7-18.

Martín, A., Fernández, A., & Villarreal, K. (2008). Activismo transnacional y calidad de la democracia en México: reflexiones en torno al caso de Ciudad Juárez. European Review of Latin American and Caribbean Studies, 84, 21-36.

Maza, E. (2009). Derechos Humanos: México retórica sin compromiso. México: FLACSO.

Organizaciones Justicia para Ayotzinapan (2014). Pronunciamiento de las organizaciones sociales. Justicia para Ayotzinapan y todo México, 8 octubre de 2014, http://movimientoporlapaz.mx/es/2014/10/08/pronunciamiento-de-las-organizaciones-sociales-justicia-para-ayotzinapa-y-todo-mexico/.

Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, Naciones Unidas (2014). Conclusiones Preliminares, Visita a México, Juan E. Méndez, http://hchr.org.mx/files/Relatorias/Approved-FinalConclusionesPreliminares_2deMayode2014_VisitaSRTMexico.pdf.

Risse, T., Ropp, S., & Sikkink, K. (2013). The Persistent Power of Human Rights: From Commitment to Compliance. Cambridge: Cambridge University Press.

Santamaría, A., & Vecchioli, V. (Eds.). (2008). Derechos Humanos en América Latina. Mundialización y circulación internacional del conocimiento experto jurídico. Bogotá: Universidad del Rosario.

Sikkink, K. (2011). La dimensión transnacional de la judicialización de la política en América Latina. In R. Sieder, L. Schjolden & A. Angell (Coords.), La judicialización de la política en América Latina (pp. 283-313). Bogotá: Universidad Externado.

Simmons, B. (2009). Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

Somuano, M. (2011). Sociedad civil organizada y democracia en México. México: El Colegio de México.

Stammers, N. (2009). Human rights and social movements. Londres: Pluto Press.

Treviño, J. (2004). Las ONG de derechos humanos y la redefinición de la soberanía del Estado mexicano. Foro Internacional, XLIV(3), 509-539.

Tsutsui, K., Whitlinger, C., & Lim, A. (2012). International Human Rights Law and Social Movements: States’ Resistance and Civil Society’s Insistence. Annual Review of Law and Social Science, 8, 367-396.

Vecchioli, V. (2011). Profesionales del derecho, activismo jurídico y creación de nuevos derechos. Hacia una mirada comprensiva del derecho desde las ciencias sociales. Revista Política, 49(1), 5-18.

Vecchioli, V. (2009). Expertise jurídica y capital militante: reconversiones de recursos escolares, morales y políticos entre los abogados de derechos humanos en Argentina. Pro-Posicoes, 20(2), 41-57.

Villarreal, M. T. (2016). Los colectivos de familiares de personas desaparecidas y la procuración de justicia. Intersiticios Sociales, 11, 1-28.

Villarreal, M. T. (2015). Las mesas de seguimiento de casos de personas desaparecidas. Una experiencia de incidencia en Nuevo León, México. Revista Enfoques: Ciencia Política y Administración Pública, XIII(23), 85-97.

Villarreal, M. T. (2014). Respuestas ciudadanas ante la desaparición de personas en México (2000-2013). Espacios Públicos, 17(39), 105-135.

Notas