Revista de Derecho y Genoma Humano. Genética, Biotecnología y Medicina Avanzada

Presentación (Núm.60 RDGH)

2025-03-11T10:07:25+01:00

Con gran satisfacción presentamos el sexagésimo número de la «Revista de Derecho y Genoma Humano. Genética, Biotecnología y Medicina Avanzada / Law and the Human Genome Review. Genetics, Biotechnology and Advanced Medicine». Este número, que inaugura la publicación de la Revista en acceso abierto, representa un paso significativo hacia la consolidación de un espacio abierto al diálogo interdisciplinar entre el Derecho, la Medicina y la Biotecnología. La Red Cátedra de Derecho y Genoma Humano reafirma así su compromiso con la difusión del conocimiento en estos ámbitos, que no cesan de evolucionar. La transición a un formato online y de acceso abierto amplía nuestro alcance, permitiendo que un público más amplio acceda a investigaciones de vanguardia elaboradas por personal docente o investigador de muy elevado prestigio científico (sección Doctrina) así como por destacados jóvenes investigadores e investigadoras a las que se ha confiado la divulgación y análisis crítico de algunas decisiones clave de nuestros tribunales (sección Jurisprudencia).

El uso de los datos genéticos en la era del big data: Evolución y trayectorias futuras desde la óptica de Europol

2025-03-11T10:20:00+01:00

El presente estudio analiza el papel de la Agencia de la Unión Europea (UE) para la Cooperación Policial (Europol) en la gestión y procesamiento de los datos genéticos para la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo respaldados por la técnica del big data. Empieza resaltando como el entorno de la Tecnología Informática (TI) de Europol ha evolucionado desde su entrada en funcionamiento en el año 2001, momento clave en el que se desarrollaron el Sistema de Información de Europol (SIE) y la Aplicación de Red Segura para el Intercambio de Información (SIENA). De ahí que el Reglamento 2016/794 permite a esta Agencia procesar la información que ésta recaude (in)directamente de distintas fuentes para unas finalidades concretas, y en el respeto de los principios de la limitación del plazo de conservación y de la minimización de datos. No obstante, el desafío del big data denunciado por el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) evidenció como las limitaciones impuestas a Europol para garantizar la protección de los datos personales procesados en su entorno obstaculizaban el análisis de grandes conjuntos de datos complejos (o macrodatos). Por consiguiente, el mandato de Europol ha sido revisado y, aunque haya pasado desapercibido, el art. 30 del Reglamento 2022/991, emendado, suprime la prohibición de procesar categorías especiales de datos personales. Dentro de estas categorías destacan los datos genéticos. La genética forense está beneficiándose de la revolución tecnológica impulsada por el big data gracias, sobre todo, al estudio del Single Nucleotide Polymorphism (SNP en inglés) que agiliza el análisis del fenotipo a partir del ácido desoxirribonucleico (ADN) no codificante. El estudio propuesto pone de relieve que el art. 33 bis del Reglamento Europol apodera la Agencia para procesar los datos genéticos a efectos de investigación e innovación. En concreto, se argumenta que el art. 33 bis del Reglamento Europol ampara la experimentación del aprendizaje automatizado basado en el big data a partir de los perfiles de ADN, más allá de la identificación de dubitados e indubitados desarrollada por la Agencia desde su origen.

Segundas víctimas: ¿asunto individual o problema del sistema?

2025-03-12T12:04:48+01:00

Los incidentes relacionados con la seguridad del paciente incluyen cualquier error, fallo o circunstancia que podría ocasionar o ha causado un daño innecesario a un paciente debido a la atención recibida Por su frecuencia, trascendencia y probabilidad de evitar muchos de ellos, los daños relacionados con la atención sanitaria son considerados como un problema de salud pública. El fin de las iniciativas de seguridad del paciente es reducir dichos daños a un mínimo aceptable en función del conocimiento científico y los recursos disponibles. Fallos del sistema referidos a cultura de la seguridad, organización del trabajo, equipamiento y distintos factores personales y ambientales facilitan la aparición de errores e incidentes relacionados con la seguridad. Evitarlos requiere aplicar barreras orientadas a un triple objetivo: disminuir el riesgo de que aparezcan incidentes (prevención primaria); abordarlos precozmente para mitigar las consecuencias para el paciente y el sistema (prevención secundaria) y finalmente, evitar su reaparición y reducir su impacto a largo plazo. La existencia de sistemas de notificación de incidentes que permitan analizar retrospectivamente los factores que contribuyen a los mismos y el aprendizaje es esencial para evitar su recurrencia. Aunque considerados legalmente desde hace más de 20 años como una infraestructura básica de la seguridad, la falta de un marco normativo claro que garantice la protección legal para quienes reportan incidentes y los analizan en profundidad o quienes expresan inquietudes sobre la seguridad de los servicios, así como la desconfianza de los profesionales al respecto, hace que su utilización esté lejos de ser la deseable.

El término «segunda víctima» describe el impacto emocional, físico y profesional que pueden experimentar los profesionales sanitarios involucrados en incidentes de seguridad del paciente o por los resultados deficientes inesperados de la atención proporcionada. Aunque controvertido, el fenómeno de las segundas víctimas es frecuente y de intensidad variable en función de distintos factores, que requiere medidas de prevención, atención precoz y seguimiento, destacándose la formación y la existencia de una cultura justa y proactiva como acciones prioritarias. El apoyo entre pares y especializado permite mejorar el curso evolutivo y favorecer su recuperación. La información y relación con los pacientes y sus familiares tras el incidente y el seguimiento clínico, organizativo y, si es necesario, de la problemática legal es una cuestión crucial.

La ciencia en tiempos de negacionismo ¿Puede el Derecho salvar a Galileo?

2025-03-11T10:37:57+01:00

El discurso anticientifista no es algo propio de esta época ni algo enlazado únicamente con la reciente pandemia de la Covid-19 que hemos vivido y, quizás, ya olvidado demasiado pronto. El anticientifismo y sus expresiones han acompañado a la humanidad desde sus orígenes o, especialmente, desde el momento que la ciencia empezó a cobrar cierto cuerpo. Sin embargo, en la actualidad la crisis de la democracia representativa, con la aparición de los populismos, y la información en red han provocado que el discurso anticientifista cobre nuevo impulso. Discurso éste que tiene un fundamento ya no religioso como décadas atrás, sino esencialmente político. El rechazo de la ciencia o de determinados hallazgos científicos constituye la nueva narrativa emotiva de la que se sirven los populismos. En este trabajo vamos a analizar en qué medida puede limlirse constitucionalmente el discurso anticientifista, tanto desde la perspectiva del emisor del mensaje como de su receptor, y ello, recordando que la libertad de expresión y la de creación y, por tanto, de divulgación científica tienen en nuestro ordenamiento constitucional una evidente dimensión democrática funcional que conecta con dicha dimensión objetiva en cuanto instrumentos indispensables para la promoción de una verdadera sociedad democrática.

Hacia la integración en derecho positivo de la noción «cultura justa» con base en consideraciones bioéticas y normativas fundadas en la seguridad del paciente

2025-03-12T12:15:49+01:00

La mejora de la seguridad del paciente en los sistemas sanitarios modernos se encuentra indisolublemente unida a la puesta en marcha de ciertas estructuras técnicas, entre las que destacan sobremanera los sistemas de notificación y registro de eventos adversos al ser los mismos herramientas imprescindibles de cara al aprendizaje de los profesionales. En este sentido, la mencionada notificación requiere de una serie de condiciones institucionales y de garantías jurídicas para los distintos intervinientes, en defecto de las cuales no resulta posible una comunicación fluida de incidentes en el sector de la salud. Al hilo de lo anterior, se ha acuñado desde hace algo más de dos décadas el concepto de “cultura justa” como una de las nociones de referencia de cara a posibilitar la notificación de incidentes y cuasi-errores por parte de los propios profesionales sanitarios. El presente trabajo analiza las implicaciones de la implantación de una cultura de la seguridad del paciente en relación con el modelo de responsabilidad (en la medida en que supone un tránsito desde un paradigma fundado en la culpabilización a una aproximación eminentemente sistémica en el abordaje de los eventos adversos), aborda la fundamentación bioética de las políticas orientadas a la seguridad del paciente (y, en particular, de los sistemas de notificación de eventos adversos) y plantea las pautas para la integración de la noción de “cultura justa” a nivel de derecho positivo.

Un nuevo camino para proteger la vida del nasciturus tras la Sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de mayo de 2023: la vía civil

2025-03-12T12:16:59+01:00

El presente trabajo pretende proporcionar una nueva vía para la defensa de la vida prenatal reinterpretando los artículos 29 y 30 del Código civil tras de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de mayo de 2023, que ha corroborado la constitucionalidad de la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. La nueva propuesta consiste en considerar al nasciturus como persona, esto es, dotado de personalidad jurídica a la luz de la siguiente idea: el requisito del nacimiento con vida para la adquisición de la personalidad se sustenta en los conocimientos científicos de la época en que el Derecho romano consideraba al nasciturus como parte de las vísceras de la mujer, que cobraba categoría humana al nacer. Hoy día este requisito es anacrónico y mantiene vigente una ficción jurídica consistente en considerar al no nacido un ser humano vivo, pero no una persona. El concebido no es una persona desde el punto de vista jurídico porque es la ley quien determina quién lo es en función de un requisito imprescindible: nacer vivo. Sin embargo, una vez que nace vivo se le reconoce la personalidad de manera retroactiva desde que se le concibió. El único motivo para poder dar como coherente esta exigencia es la necesidad de seguridad jurídica, dando por irrefutable la siguiente afirmación: si nace vivo es que está vivo desde que se le concibió. Ello nos lleva inevitablemente a considerar que si es posible comprobar que está vivo dentro del útero también se le puede y debe adjudicar personalidad jurídica antes de nacer. El mantenimiento de dicho requisito ha obedecido a cuestiones de seguridad jurídica -seguridad acerca de la vida actual del concebido-, que hoy no operan. Desde épocas ya más cercanas el requisito se ha mantenido por inercia, no cuestionando nunca su contenido. Sin embargo, ya conocemos la individualidad genética y biológica del concebido, por lo que mantener hoy día la vigencia de dicho requisito obedece no a motivos de índole jurídica sino meramente ideológicos.

La Audiencia Nacional avala la medida cautelar de la Agencia Española de Protección de Datos que prohíbe la recopilación de datos biométricos a cambio de criptomonedas*

2025-03-12T12:27:22+01:00

El presente trabajo estudia el Auto de la Audiencia Nacional, que analiza la pertinencia de las medidas cautelares impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos destinadas a detener el proceso de recopilación de datos biométricos llevado a cabo por la entidad “Tools For Humanity” . La cuestión principal radica en ponderar los intereses en conflicto, de un lado, la protección de los datos personales de los interesados, y, de otro lado, el interés económico de la empresa cuya actividad principal ha sido paralizada.

Ingreso Forzoso durante el Parto: Entre la Autonomía Materna y la Violencia Obstétrica. Análisis de la STC 11/2023, de 23 de febrero*

2025-03-12T12:44:01+01:00

El presente trabajo analiza la Sentencia del Tribunal Constitucional español 11/2023, de 23 de febrero, en la que dirime la constitucionalidad de las actuaciones sanitarias tras un ingreso forzoso a una embarazada postérmino cuya voluntad era poder dar a luz en su domicilio y asistida de matronas privadas contratadas a tal efecto. Sin embargo, el parto terminó siendo hospitalario y a través de cesárea en el Hospital Universitario Central de Asturias.

¿Tienen las pacientes de la sanidad pública derecho a decidir el destino de las células madre? Análisis de la Sentencia 580/2024, 5 de febrero, Tribunal Supremo*

2025-03-12T12:48:09+01:00

A través del presente trabajo se realiza el análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo 580/2024, 5 de febrero; ECLI:ES:TS:2024:580; en la que se aborda el derecho de las pacientes de la sanidad pública a decidir el destino de las células madre del cordón umbilical así como la obligatoriedad o no de suscribir un acuerdo de colaboración y convenio entre los hospitales públicos y los centros privados de conservación de células madre.

¿Son personas los embriones humanos congelados? Comentario a la sentencia de la Corte Suprema del estado de Alabama de 16 de febrero de 2024

2025-03-12T12:55:31+01:00

El pasado 16 de febrero, una sentencia de la Corte Suprema del estado de Alabama generó un importante revuelo en la comunidad científica. El excepcional fallo del tribunal estadounidense podría llegar a transformar el panorama de la reproducción asistida. En el epicentro del debate se encuentra el estatuto jurídico del embrión humano.

Vilar González, Silvia: Madre legal, abuela biológica. Sobre la filiación, la fecundación post mortem y otras cuestiones jurídicas, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, España, 2023, 324 pp

2025-03-12T13:02:08+01:00

La función de los CEI en los proyectos de investigación multicéntricos. Propuestas para una intervención coordinada

2025-03-12T13:07:34+01:00