Analysis of penal enforcement systems in the context of probation: International experience and practice of implementation

Resumen

El objetivo del estudio es analizar comparativamente la práctica de implementación de sistemas de libertad condicional en diferentes países con el fin de identificar las mejores prácticas y oportunidades para su adaptación en otras jurisdicciones. Para este propósito, se analiza la legislación que regula la institución de la libertad condicional en Kirguistán, Kazajstán, Turquía, así como en algunos países de la Unión Europea, a saber: Reino Unido, Países Bajos, Suecia, Francia y Alemania. Según el estudio, la institución de libertad condicional es un componente esencial del sistema de justicia penal, ya que permite la supervisión de los condenados mientras aún están en libertad. La eficacia de esta institución a menudo se cuestiona, ya que requiere una financiación significativa, personal calificado y supervisión. La introducción y el funcionamiento eficaz de la institución de libertad condicional se ven obstaculizados por problemas de financiación, escasez de profesionales capacitados y la dificultad de construir relaciones de confianza con los reclusos. Los programas de resocialización individual para los reclusos, el seguimiento constante de su aplicación, el apoyo social y psicológico a los reclusos y a sus familias y la participación en la rehabilitación de los reclusos mediante el trabajo social y preventivo son algunas de las características distintivas de la práctica de las instituciones de libertad condicional. La forma en que se aplican las instituciones de libertad condicional varía de un país a otro, de una legislación a otra y de una estructura social a otra. Pero en la mayoría de los países, esta institución se centra en la rehabilitación de los condenados y la reducción de la reincidencia, que es un objetivo común a todos los sistemas de libertad condicional, que está en consonancia con los principios generalmente reconocidos del derecho internacional y del procedimiento penal. Con el fin de intercambiar información y planificar actividades para la aplicación de los programas de resocialización, la práctica también implica la comunicación con otras instituciones y expertos del sistema de justicia penal.